Celeridad para saber si hay prescripción
La Fiscalía salió ayer al paso de las críticas formuladas por la juez de los ERE acerca de la petición de diligencias relacionadas con delitos ya prescritos y apuntó que, tras dos años de instrucción, es necesario «priorizar» las líneas de investigación referidas a los primeros años para conocer qué delitos estarían más cerca de prescribir y a qué personas afectarían.
Anticorrupción no puede ocultar el malestar que le ha causado la reprimenda en un auto de la juez Mercedes Alaya, en el que pedía conocer «los tiempos de prescripción que maneja, a los efectos de decidir si procede». El Ministerio Público recuerda que sin conocer los atestados de la Guardia Civil, donde fije los posibles hechos delictivos, «no es posible tipificar las conductas o enumerar los posibles delitos cometidos ni su fecha de comisión», por lo que mete prisa a los investigadores para entregar los informes pendientes sobre las ayudas concedidas a empresas.
Asimismo, asegura desconocer cuáles son las directrices dadas por la juez a los investigadores, por lo que solicita que se sigan investigando las ayudas sociolaborales, puesto que de su resultado dependerá la acusación futura contra «los altos cargos de la administración autonómica, de apreciarse continuidad en los delitos que se imputan». En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción equipara la conducta de los empresarios que se beneficiaron de las ayudas directas -en algunos casos mediante sociedades sin actividad- con la de los ‘intrusos’, de ahí que quiera acelerar la investigación en cuestión «encaminada al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas».
Nuevas declaraciones
Mientras tanto, la juez Alaya continuó ayer su toma de declaraciones con el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, al que impuso una fianza civil de 7,2 millones de euros e imputa delitos continuados de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir el delito. La fianza se ha fijado con la cantidad correspondiente a pagos indebidos para prejubilaciones abonados con fondos públicos y los acuerdos de refinanciación de los mismos. La juez entiende que cuando accedió a su cargo conoció la «caótica» situación en la dirección general de Empleo y decidió «callar», adoptando además un nuevo sistema que no era sino «aparentar un cambio» que no se produjo dado que siguió sin requerir fiscalización previa.
También declararon dos cuñados del ‘conseguidor’ Juan Lanzas, que aparecieron como intrusos en sendos ERE y para quienes la Fiscalía pide una fianza civil de 91.000 euros para cada uno.