El alcance sobre la ‘doctrina Parot’ de Estrasburgo dependerá de la letra pequeña

Ni los servicios jurídicos del Gobierno ni la Fiscalía ni los jueces tienen grandes esperanzas sobre la decisión que este lunes hará pública la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos son pesimistas y dan por hecho que, salvo sorpresa mayúscula, la máxima instancia de la corte de Estrasburgo confirmará la sentencia de la Sección Tercera del tribunal, que en julio de 2012 condenó a España por haber pospuesto de 2008 a 2017 la excarcelación de la exmiembro del comando Madrid Inés del Río Prada, condenada a más de 3.000 años de cárcel por, al menos, 28 asesinatos.

Si el fallo se limita a confirmar en los mismos términos la decisión de la sección, el «daño» no sería «importante», según todos los juristas consultados. Harina de otro costal, explican, sería si la Gran Sala, más allá de analizar el caso particular de Del Río, entra a valorar en términos generales la aplicación por parte de España de la ‘doctrina Parot’, la misma que ha servido para alargar hasta los 30 años el tiempo en prisión de los etarras más sanguinarios, en particular los de la década de los ochenta y los noventa, amén de otros delincuentes particularmente peligrosos. Si Estrasburgo amplía las críticas y reproches al uso generalizado que España ha hecho de esta práctica, Gobierno y Fiscalía admiten que va a ser más difícil materializar su idea de aplicar las recomendaciones del tribunal europeo «caso por caso» como es su propósito para atemperar el previsible varapalo judicial. Esta estrategia, con independencia del alcance del fallo de la Gran Sala, ya está lista. Si la resolución de este lunes no es demoledora y no incluye peticiones directas para la derogación inmediata de la ‘doctrina Parot’, ni el Supremo ni el Constitucional, que el año pasado avaló esta práctica, van a anular sus resoluciones de forma automática. Estrasburgo, insisten las fuentes consultadas, no es «un tribunal de tercera instancia» ni existen mecanismos que prevean la incorporación inmediata de sus resoluciones, que son «sentencias declarativas» y «sin eficacia directa». Tampoco, de acuerdo a fuentes del Supremo, va a suponer la revisión de oficio de la situación de los terroristas que cumplen condena en virtud de un fallo suyo, que en 2006 fijó que la rebaja de los beneficios penitenciarios se calculará individualmente de cada una de las penas y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.

Eso sí, en la Audiencia Nacional esperan una avalancha de peticiones de nulidad, conforme la corte europea resuelva en contra de España, como es previsible, la cascada de recursos de miembros de ETA que se avecina Al final serán el Supremo o el Constitucional los que decidan si ejecutan los fallos.