Archivada la denuncia del PP contra el PSOE por dar datos de sus trabajadores
La juez de instrucción número 46 de Madrid ha archivado la denuncia del PP contra el PSOE al no apreciar la existencia de un delito de revelación de secretos al divulgar datos de sus trabajadores en el caso Bárcenas.
La magistrada, María Isabel Garaizabal, había abierto diligencias previas contra el PSOE por esa supuesta revelación de secretos que había denunciado el PP.
En un pleno del Congreso del pasado mes, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, mostró una documentación del sumario del caso Bárcenas que el grupo socialista remitió a los medios de comunicación en la que, según el PP, figuraban datos relativos a la filiación completa, incluido número de DNI de trabajadores, colaboradores y militantes del PP, así como las retribuciones de los primeros en el partido.
La juez considera que «no ha lugar las medidas cautelares» que se solicitaban, que pretendían la intervención de esas informaciones y que se evitara la reproducción de las mismas, y acuerda el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones al no apreciar «ilícito penal alguno».
En cuanto a la revelación de secretos que denunciaba el PP, la juez señala que «parece evidente» que la finalidad de la difusión de los documentos en cuestión no es la de revelar datos que afectan a la intimidad de las personas que se relacionen en ello. Precisa que lo que se hace es transmitir una determinada documentación para ilustrar aspectos muy concretos relacionados con el caso Bárcenas como el pago de cuotas de militante del ex tesorero del PP y sus retribuciones.
Además, recalca que de los datos objetivos constatados no se puede concluir que hubiera «un ánimo tendencial de invadir la esfera de privacidad e intimidad».
El Partido Popular también denunciaba la existencia de un delito de revelación de datos de diligencias judiciales secretas. La juez señala que esta fuerza política «ni siquiera identifica» el procedimiento judicial concreto al que se refiere.
La juez María Isabel Garaizabal explica asimismo que «es evidente que la naturaleza y contenidos de los documentos difundidos no puede considerarse que frustren el curso de la investigación policial o de las actuaciones judiciales.