El Gobierno no quiere pagar los 30.000 euros ni conceder ayudas a Inés del Río
Pretende introducir dos requisitos a los etarras para percibir subvenciones .
El rey recibió en audiencia a los directivos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
El Gobierno está resuelto a no pagar a la miembro de ETA Inés del Río los 30.000 euros que fijó el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como compensación por los cinco años de más que pasó en la cárcel ni los 1.500 de costas judiciales ni conceder ningún tipo de subvención pública. No quiere hacerlo con Del Río ni con ningún otro preso de ETA que salga de la cárcel por la sentencia contraria a la doctrina Parot. Pero sabe que es difícil porque quiere introducir dos requisitos para tener derecho a las ayudas, el arrepentimiento de los crímenes cometidos y el pago de las indemnizaciones a las víctimas, y no es posible hacerlo con efecto retroactivo.
La vicepresidente del Gobierno ha ordenado a los Ministerios de Justicia, Interior y Empleo que elaboren un proyecto de reforma legal para impedir que los presos de ETA que salgan de la cárcel en los próximos meses se beneficien de las ayudas públicas previstas en el decreto de 20 de junio de 1994 con el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Lo que menos desea ahora el Ejecutivo es abrir un nuevo frente de controversia con las víctimas del terrorismo y con los sectores más conservadores del PP. La Moncloa trata de cegar esa vía con una reforma que le dé argumentos legales para no pagar esas ayudas públicas.
Soraya Sáenz de Santamaría adelantó que la modificación legal incluirá para los presos de ETA dos requisitos para percibir esas subvenciones, «que se hayan arrepentido de sus crímenes» y «que tengan cubiertas sus responsabilidades civiles», esto es que hayan pagado a sus víctimas las indemnizaciones fijadas por el juez. Se trataría, sin embargo, de dos condiciones establecidas después del cumplimiento de las condenas y, como en el caso de la doctrina Parot, serían retroactivas y por tanto de difícil encaje legal.
El grupo de trabajo interministerial, adelantó la vicepresidenta, analiza si se pueden aplicar ‘a posteriori’ esos condicionantes a los presos que se beneficien de la sentencia de Estrasburgo.