El juez Ruz ve confirmada la presunta existencia de una contabilidad B en el PP
La documentación incautada en el registro de una empresa ha resultado vital .
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio ayer un paso de gigante en la investigación del caso Bárcenas, la supuesta financiación irregular del PP. En su auto más contundente desde que instruye la causa hace ocho meses, el instructor confirmó los indicios que avalarían la existencia de una contabilidad B en el partido del Gobierno que habría funcionado de forma «continua en el tiempo».
En respuesta a los cantos de sirena que anunciaban el próximo archivo de la investigación, en buena medida por la actitud conservadora de la Fiscalía Anticorrupción, y el mismo día en que se confirmaba que seguirá en el Juzgado Central de Instrucción número cinco, ya que el titular de su plaza se va destinado a Londres, Ruz cerró uno de los círculos más complejos de la investigación desde que los papeles de Bárcenas saltaron a la luz pública en enero y que desde entonces condicionan la vida política del país.
La culminación del círculo pasaba por encajar las piezas del puzzle. Es decir, dar veracidad a los apuntes secretos del ex tesorero del PP, ya lo hizo la Policía y la Agencia Tributaria, y cotejar lo que allí dice con otros documentos intervenidos a terceros o con los correspondientes recibís del dinero negro o no declarado.
Pues bien, todas estas piezas se juntaron tras el registro que el juez ordenó el pasado 27 de septiembre en un bajo de la calle Conde de Peñalver de Madrid, en el señorial barrio de Salamanca. Era viernes por la tarde y el magistrado comunicó la intervención el lunes siguiente. Un silencio que hacía presagiar algo importante, como así ha sido para gloria de una investigación que parecía abocada al archivo.
El registro en la oficina de la empresa Unifica Servicios Integrales, propiedad del arquitecto Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba, encargado de la remodelación de la sede nacional del PP entre 2006 y 2011, en la madrileña calle Génova número 13, fue una mina. Era la primera orden de entrada dictada por Ruz en ocho meses del caso Bárcenas. Y pese a la tardanza de la Policía en entregar el informe de conclusiones, casi dos meses por los cambios habidos en la jefatura de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), la espera ha merecido la pena.
Tras revisar la documentación incautada, las memorias electrónicas, los ordenadores, varios discos duros y una tableta digital halladas en la sede de Unifica, cotejarlo con las revelaciones que hizo Bárcenas en sede judicial en julio pasado y compararlo con la documentación que el PP presentó en agosto sobre las obras de su sede, el resultado fue elocuente porque aunque con «carácter indiciario y provisional» se puede decir que parte de los pagos de la obra se hicieron en B.
El beneficiario directo de los pagos en B que se sospecha que hizo el PP fue el arquitecto Gonzalo Urquijo. Es decir, el instructor asegura que en la supuesta contabilidad paralela que manejaba la tesorería, esto es Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, entraba dinero no declarado al Tribunal de Cuentas que servía para pagar asuntos como parte de la remodelación del edificio de Génova 13, como reveló Bárcenas en su declaración de julio, cuando cambió de estrategia y decidió tirar de la manta.