El primer gran pacto de la era Rajoy
El PP sacrifica su modelo de Poder Judicial para lograr una mayoría conservadora y el PSOE aparca la ruptura con el Ejecutivo para no verse fuera de un órgano clave.
Mariano Rajoy ha logrado sellar con la renovación del Consejo General del Poder Judicial su primer gran pacto político desde que hace dos años llegó a la Moncloa. El único precedente fue el acuerdo de junio pasado para que España llevase al Consejo Europeo una postura de país para demandar la puesta en marcha de políticas continentales contra el paro juvenil.
El acuerdo para que el Congreso y el Senado nombren la semana próxima a los 20 vocales del nuevo consejo con el amplísimo respaldo parlamentario del PP, PSOE, IU, PNV y CiU, que suman 95% de la cámara baja, ha sido, no obstante, más fruto de los intereses de todos los implicados que del convencimiento general en la necesidad de renovar en plazo una de las instituciones más importantes del Estado.
El gran apoyo parlamentario, del que la única formación nacional que se excluirá es Unión Progreso y Democracia, no parece que vaya a conferir al nuevo gobierno de los jueces el plus de deseada independencia política del que carecieron los seis precedentes ya que, al final, el pacto se volvió a lograr después de dos meses de negociaciones a puerta cerrada entre los partidos que terminó con el habitual reparto de cuotas. Aunque los 20 vocales saldrán refrendados con las firmas de las cinco formaciones y en una lista única, nadie ignora que diez de los nombres, los que otorgan la mayoría en el Poder Judicial y serán determinantes en la elección del presidente del organismo, los ha propuesto el PP, el PSOE avaló a siete, y uno cada uno los otros tres grupos parlamentarios.
Alineamiento en bloques
Esta marca de nacimiento, al menos hasta hoy, siempre ha terminado por reflejarse en el alineamiento en bloques en las votaciones del máximo órgano de gobierno de los jueces, que tiene como principales cometidos los nombramientos de toda la cúpula de los tribunales, los ascensos en la carrera, la inspección de los juzgados, y el régimen disciplinario del tercer poder del Estado, así como la emisión de informes sobre muchas de las leyes impulsadas desde el Ejecutivo.
El PP, que ya había logrado trasladar su mayoría absoluta parlamentaria al Tribunal Constitucional, tenía interés en evitar que la renovación de consejo se eternizase por el bloqueo político, como ocurrió con el actual, que tardó casi dos años en constituirse. Por ese motivo realizó importantes concesiones a la oposición, como no exigir, por ejemplo, la mayoría absoluta —11 vocales— en el pleno del consejo a la que tendría derecho si se trasladaba su hegemonía parlamentaria al organismo judicial.
Sin embargo, su mayor cesión fue renunciar a imponer su propio modelo de Poder Judicial, el que reclama desde casi 30 años. No fue capaz de implantarlo con José María Aznar y ahora figuraba como promesa irrenunciable en la página 177 del programa con que ganó las últimas elecciones. Su fórmula era que los 12 vocales que tienen que proceder de la carrera judicial dejen de ser nombrados por el Parlamento para que los elijan directamente con su voto los 5.000 jueces y magistrados.