La policía confirma que Bárcenas pagó en negro parte de la reforma en el PP
Un papel encontrado en el registro en Unifica, la empresa que reformó la sede del PP en el número de 13 de la calle Génova de Madrid, fue el documento clave que hizo que el juez Pablo Ruz la pasada semana certificara en un auto que había indicios de una «corriente financiera de cobros y pagos al margen de la contabilidad oficial» del partido. O sea, pagos en negro.
«He recibido de D. Luis Barcenas la cantidad de 200.000 euros en concepto de pago complementario de la factura, de la planta 4ª, con la que queda cancelada dicha factura». Según el informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) remitido al juez de la Audiencia Nacional, ese recibí firmado por el arquitecto de Unifica y ahora imputado, Gonzalo Urquijo, es la prueba de cargo más importante sobre la existencia de esa ‘caja B’ en el PP. Ese recibo coincide con los 200.000 euros que aparecen en los papeles de Bárcenas como entregados en diciembre de 2008 al propio Urquijo, quien fue el encargado de hacer la reforma de la sede entre 2005 y 2011.
De acuerdo con los apuntes manuscritos del ex tesorero, de la supuesta caja B del PP salieron un total de 888.000 euros para pagar a Urquijo, motivo por el que ha sido imputado por fraude fiscal.
La Udef explica en su atestado que de los correos electrónicos incautados en el registro de Unifica se infiere que Bárcenas «era el encargado del control de los pagos a efectuar por las obras» , pero que su participación en la gestión de esa reforma fue «mínima» en comparación con las otras dos personas del PP que llevaron el peso de la supervisión de aquellos trabajos, el entonces gerente del PP, Cristóbal Páez, y el ex jefe de seguridad del partido y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente. Ambos también imputados por esos presuntos pagos en negro.
Rosalía Iglesias
La esposa del ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, ha solicitado a la Audiencia Nacional el desbloqueo de 900 euros mensuales para atender sus gastos familiares y ha expresado sus temores de que el juez Pablo Ruz haya perdido o esté a punto de perder la «siempre saludable y necesaria imparcialidad». La defensa de Iglesias ha presentado un recurso contra la decisión de Ruz de no desbloquear 5.000 euros al mes de sus cuentas embargadas para atender gastos corrientes, al considerar que tiene solvencia suficiente.