Condena histórica a los etarras que volaron en 2009 el cuartel de Burgos
. La Audiencia Nacional impone 3.860 años a cada uno de los tres miembros del comando Otazua.
Fue uno de los últimos y más devastadores atentados de ETA, el de la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos durante la madrugada del 29 de julio de 2009, aunque no hubo víctimas mortales. Pese a ello, los autores de aquel brutal ataque con una furgoneta-bomba que llevaba la friolera de 700 kilos de explosivos pagarán como nunca antes lo había hecho otro etarra.
La Audiencia Nacional condenó ayer a los miembros del comando Otazua, Daniel Pastor Alonso, Iñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarria Caballero, a 3.860 años de prisión a cada uno por 160 intentos de asesinato en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas. No obstante, pese a la abultada pena cumplirán 40 años íntegros de cárcel, como marca el Código Penal reformado en 2003, y deberán indemnizar a las víctimas con 10.789.080 euros.
La virulencia del atentado quedó reflejada en dos datos: sólo en el cuartel de Burgos reventado por la metralla del amonal pernoctaban aquella noche de verano 118 personas, entre ellas 41 niños, y los 42 heridos restantes vivían en los edificios colindantes que padecieron los efectos de la onda expansiva.
La misma onda que esparció restos de la furgoneta-bomba y de otros vehículos aparcados en 200 metros a la redonda y que dejó un cráter de 1,8 metros de profundidad y 16 de diámetro. Un socavón solo equiparable a los daños que provocó en la casa cuartel, que quedó derruida «por arriba y por abajo», según los testimonios de varios peritos en el juicio.