El ministro de Justicia justifica la prisión permanente

El primer debate en el Congreso sobre la reforma del Código Penal que promueve el Gobierno terminó convertido ayer en una discusión monográfica sobre la novedad más sobresaliente del proyecto, la prisión permanente revisable, que para toda la oposición es una medida inaceptable e inconstitucional, ya que no ve en la fórmula más que un subterfugio terminológico tras el que se oculta la cadena perpetua. Solo UPyD está dispuesto a aceptarla si se modulan sus términos actuales.

El ministro de Justicia tuvo que subir a la tribuna hasta en tres ocasiones para rechazar las duras críticas que le llovieron desde todo el arco parlamentario, del Grupo Mixto a PNV y CiU, pasando por IU y PSOE, que reclamaron una devolución inmediata del proyecto al Gobierno, algo que no se produjo gracias a que las seis enmiendas a la totalidad fueron derrotadas por la mayoría absoluta del PP.

Alberto Ruiz-Gallardón dejó claro que sacará la reforma adelante, aunque tenga que hacerlo en solitario, porque está convencido de su bondad y porque es una promesa electoral. No obstante, también aseguró que el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar esta gravosa condena, destinada a los crímenes más repugnantes, para que las generaciones futuras no tengan que reprocharles que se actuó tarde, como con los beneficiados por el reciente fallo de Estrasburgo, y vuelvan a contemplar excarcelaciones tempranas de terroristas, asesinos múltiples y violadores reincidentes.

El titular de Justicia exhibió los informes del Consejo de Estado, la Fiscalía y el Poder Judicial para rechazar que se trate de una fórmula inconstitucional y tampoco permitió que se dude de su carácter democrático porque dijo existen figuras similares en países como Alemania, Gran Bretaña, Francia o Italia.

La prisión permanente está prevista en el proyecto que ahora comenzará la fase de enmiendas para los homicidios terroristas, de jefes de Estado, de menores de 16 años, para los crímenes de lesa humanidad, y para los asesinatos múltiples, los que suceden a agresiones sexuales, y los ejecutados por bandas. Supone cumplir del tirón un mínimo de entre 25 y 35 años de cárcel, según la cantidad de penas, momento a partir del cual el juez comprobará si el reo está o no en condiciones de reinsertarse. En caso positivo, abandonará la cárcel con estrictas limitaciones de libertad condicional y vigilada durante años. Si se teme que pueda reincidir o que no hay arrepentimiento seguirá en prisión de manera indefinida, pero con nuevas revisiones de la situación cada varios años.

De hecho, la libertad vigilada, la otra principal polémica del proyecto es, en algunos casos, una fórmula complementaria a la anterior.

Ruiz-Gallardón no logró convencer a uno solo de los portavoces de la oposición. Tal fue el grado de acuerdo que el portavoz socialista, Julio Villarrubia, alertó al ministro de que, como ya se anunció con la reforma educativa, «podrá aprobar su Código Penal en contra de todos, pero durará lo que dure su Gobierno porque esta indecencia será derogada».