El PP carga contra el juez y la policía para negar el pago en B de su sede

La defensa del PP entró ayer como un elefante en una cacharrería en el caso Bárcenas, la causa que investiga la supuesta contabilidad secreta del partido, para desmentir al juez Pablo Ruz y, sobre todo, a la Policía Judicial el contenido del auto que más daño ha hecho al partido desde que comenzó la investigación en marzo.

Se trata de la resolución del 22 de noviembre, en la que Ruz, a partir de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Judicial, constata la supuesta existencia «de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas».

Una afirmación «que ha perjudicado gravemente la imagen» de los populares, según su abogado Alberto Durán, y que partió de los indicios hallados por el juez que confirmarían que el partido pagó en B parte de las obras de su sede nacional, situada en la calle Génova número 13 de Madrid.

Fueron varias entregas al arquitecto Gonzalo Urquijo de 184.000 euros en 2006 y 888.000 en 2008, hasta sumar un total de 1.072.000 euros en dinero negro. Motivo por el cual el receptor declarará como imputado este lunes por delitos fiscales, contable y de falsedad documental. Y también será interrogado como imputado el exgerente del PP Cristóbal Páez, al ser considerado cooperador necesario en el cobro de estas facturas.

Con estos precedentes, la defensa del PP mandó un escrito a la Fiscalía Anticorrupción, no al juez Ruz, en el que trata de contradecir los indicios apuntados con una versión de los hechos y algunas facturas que acreditarían, a su juicio, que las obras de su sede se pagaron con cheques o transferencias bancarias «correctamente asentadas en su contabilidad oficial».

Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, consideraron un «despropósito» el escrito y calificaron de «desacertada» la actitud de los populares.