El juez Ruz envía a la policía a la sede del PP a por documentos de sus obras

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz envió anoche a agentes de la Policía Judicial a la sede del PP para conseguir documentación sobre las obras de reforma que se realizaron en el edificio de la calle Génova número 13, entre 2005 y 2011. Una remodelación que está siendo investigada por el instructor, ya que se pudo pagar en parte con dinero negro.

El secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5, Javier Ángel Fernández Gallardo, y miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Judicial se personaron en la sede central del PP sobre las 20.15 horas para obtener facturas que fueron solicitadas por el juez en julio y que no se aportaron a la causa.

El magistrado, que investiga en una pieza separada del caso Gürtel la supuesta contabilidad B de los populares, mandó el requerimiento a la policía tras comprobar que el PP remitió la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción facturas de la obra que el juez le había solicitado el 30 de julio y que no le había enviado.

El secretario judicial acudió a la sede de Génova 13 acompañado de varios funcionarios del juzgado y fue atendido por trabajadores del PP. Posteriormente, subieron a la planta sexta. La decisión de Ruz fue consultada con el fiscal anticorrupción del caso, Antonio Romeral, que propuso volver a pedir a la formación la documentación que no había remitido, aunque no el envío a la sede popular de los agentes de la Udef.

De esta manera, el juez pretende, según las citadas fuentes, obtener indicios delictivos que apuntalen la imputación tanto del arquitecto de Unifica, Gonzalo Urquijo, al que se atribuye un delito de fraude fiscal, como del exgerente del PP Cristóbal Páez y de los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, a los que considera cooperadores necesarios de este delito.

El requerimiento judicial fue el colofón a una jornada en la que un nuevo informe de la Policía remitido a Ruz estrecha el cerco sobre dos personas que tuvieron vinculación con la ejecución de las obras realizadas: el exjefe de seguridad del edificio de la calle Génova número 13 de Madrid, Antonio de la Fuente, cuñado del extesorero Luis Bárcenas, y de la encargada de ejecutar las obras y empleada de Unifica, Laura Montero. Ambos tenían que haber comparecido ayer como testigos en la Audiencia, pero en vista de las nuevos datos aportados por la Policía el fiscal ha pedido al juez la suspensión de las declaraciones para que comparezcan como imputados.

Romeral considera que en los nuevos informes hay pruebas que incriminan a De la Fuente y Montero. De ahí la suspensión de las declaraciones acordada por el juez, a la que se han sumado las acusaciones populares de la causa sobre la supuesta contabilidad secreta del PP. Ahora el juez tendrá que decidir en un auto su imputación.