La juez de los ERE vuelve a plantear la imputación de Chaves y Griñán
La Guardia Civil registra la sede de UGT Andalucía en busca de documentos.
Registro de la sede de UGT en Andalucía.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no pudo ser ajeno a que se usó un mecanismo poco idóneo para pagar los ERE y ayudas directas a empresas, según la tesis que la juez instructora del supuesto fraude de las prejubilaciones sostiene en el nuevo auto por el que plantea la imputación de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como de cinco exconsejeros, todos ellos aforados por su condición de parlamentarios o senadores.
Alaya dejó claro ayer que su objetivo es la cúpula de la administración andaluza, ya que en menos de una semana concretó, como le pidió la Audiencia Provincial de Sevilla al anular su anterior auto, las sospechas que alberga sobre los altos cargos que permitieron el «uso ilícito de los fondos públicos» al amparar el pago de ayudas mediante fórmulas que escapaban a cualquier fiscalización y que se usaron de forma irregular. Y lo hace, según afirma en el texto, por «imperativo legal».
La juez utiliza como base para su argumentación, en la que siguen sin constar los supuestos delitos achacables a cada uno, aunque la Audiencia ya dijo entender que se trataba de malversación y prevaricación, los testimonios de los técnicos de las Consejerías de Hacienda, Empleo o la propia Intervención General de Hacienda, que alertaron en una quincena de ocasiones de la utilización anómala del procedimiento de transferencia de financiación. Especialmente llamativas son las citas que hace del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado durante varios meses en 2012 y que llegó a reconocer ante la juez que tanto el presidente de la Junta como el resto de miembros del Consejo de Gobierno «debían tener conocimiento» del sistema de concesión de ayudas. «Un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta», rememora ahora Alaya para subir el escalón y concluir que el uso de esa fórmula era algo consensuado.
Operación Cirene
El auto se notificó a las partes casi al mismo tiempo que la juez Alaya ordenaba a decenas de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acudieran a la sede central de UGT Andalucía para registrar el edificio en busca de datos sobre las supuestas facturas falsas que acreditarían el uso de dinero de planes de formación para gastos internos como comidas de feria u obsequios para congresos.
El registro se enmarca en la denominada Operación Cirene, según explicó la Guardia Civil, y aunque no se produjeron detenciones, sí que se registraron tres empresas vinculadas a la central andaluza e incluso el despacho de un asesor del sindicato durante varios años, el que fuera alcalde socialista de Sevilla Manuel del Valle.
Una operación que algunas fuentes entienden encaminada a evitar la destrucción de pruebas, ya que llega después de que la cúpula del sindicato, que ayer se quejó de «indefensión» al no ser avisada de los registros, denunciara la desaparición de material informático a causa de un supuesto sabotaje interno.