La Fiscalía, sin margen para bajar las penas de cárcel a Urdangarín
Cada vez hay menos margen para negociar y cada día que pasa es más difícil aplicar atenuantes, pero la Fiscalía Anticorrupción va a mantener abierta la puerta hasta el último momento a un pacto extraprocesal que reduzca la petición de pena para Iñaki Urdangarín, que, si nada cambia, se enfrentará a alrededor de 17 años como autor de tres delitos fiscales, malversación, fraude a la Administración y prevaricación. Pero no será gratis para el duque. Cualquier acuerdo de conformidad pasaría obligatoriamente por aceptar, como mínimo, un castigo de cuatro años de cárcel, ingresar en prisión y admitir que ha cometido delitos.
Según han revelado responsables del Ministerio Público, van a mantener la mano tendida a Urdangarín y a su socio Diego Torres, que se enfrentará a unos 15 años de prisión, hasta el momento inmediatamente anterior a conocer la sentencia, límite temporal que marca la ley para cualquier acuerdo de conformidad de penas. Incluso ya comenzado el juicio, todavía habría una posibilidad de pacto.
La Fiscalía, no obstante, avisa de que se acaba el tiempo. Es más, es casi «imposible» jugar con las «atenuantes cualificadas» que serían las que acercarían a Urdangarín a una petición de pena aledaña a los cuatro años, al bajar dos grados la tipificación del delito. Descender solo un grado, dejaría al yerno del rey con una petición, más realista, de entre siete y ocho años.
Llegar a esa reclamación de poco menos de un lustro de cárcel, explican responsables del proceso, a día de hoy ya sería «muy difícil». Dado lo avanzado de la instrucción, sería «impensable» aplicar las eximentes más beneficiosas para cualquier procesado, la de «arrepentimiento espontáneo» y «colaboración con la justicia».
Horquillas
Los borradores y horquillas de descuentos ya los tiene hechos Anticorrupción. El primer delito, el más grave, que se imputará al marido de la infanta Cristina será el de malversación, por el que se pedirán ocho años, el máximo tipificado en el Código Penal, por considerar que fue una malversación de dinero público agravada por la abultada cifra y por no haber dado ningún paso para reparar el daño a la Administración. Este delito será en concurso medial con falsedad documental por las facturas falsas.Al máximo, aplicando la atenuante cualificada de «reparación del daño», este ilícito se podría reducir a una petición de dos años de cárcel. Pero para ello, el fiscal Pedro Horrach considera indispensable que Urdangarín devuelva íntegramente los seis millones de euros que obtuvo por la organización de los Illes Balears Forum, los Valencia Summits, la promoción de los fallidos Juegos Europeos o la promoción del equipo ciclista Banesto-Illes Balears.
Una atenuante muy cualificada podría reducir a seis meses o un año la petición por cada uno de los tres delitos. Pero una reducción así partiría de la base de que Urdangarín pagase por adelantado todo el dinero defraudado multiplicado por seis, como establece el Código Penal. O sea, una multa que, como mínimo, supondría 2.160.000 euros —un mínimo de 120.000 euros por cada uno de los tres delitos y todos ello multiplicado por seis— a sumar a los seis millones de euros que debería devolver para reducir la acusación por malversación.