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c. reino | barcelona
León

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La Generalitat puso ayer la primera piedra de la hacienda catalana, la estructura de país que Artur Mas reclama para poder afrontar la transición hacia el Estado propio. La puesta en marcha de la agencia tributaria es a día de hoy más simbólica que real dado que este organismo apenas tiene capacidad recaudatoria, pero es un guiño más del presidente de la Generalitat hacia el proceso soberanista y su intención de cumplir la hoja de ruta que pactó con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. El germen de la autonomía fiscal catalana recibe el nombre de Tributos de Cataluña y nace como una red de 53 oficinas de atención al contribuyente, con dos centenares de funcionarios, reubicados de sus puestos anteriores, que recaudarán impuestos locales y autonómicos, y con un portal de Internet de información tributaria.

Este embrión de hacienda es el resultado del convenio que firmaron en 2012 la Generalitat y las cuatro diputaciones catalanas. A partir de ahora, el Ejecutivo catalán pasará a gestionar los tributos que hasta ahora administraban los entes locales como el IBI, IAE, plusvalías o el impuesto de vehículos, además de los propios y los cedidos por el Estado que gestiona la Generalitat mediante la agencia tributaria catalana desde 2007, como son transmisiones, sucesiones, patrimonio, del juego, del agua y de residuos, entre otros.

Esta especie de ventanilla única para los impuestos locales y autonómicos dispondrá de 1.399 empleados públicos cuando funcionen las 152 oficinas previstas por la Generalitat. La Hacienda catalana podría recaudar 100.000 millones, según los asesores de la Generalitat, y ponerla en marcha costaría entre 280 y 700 millones.

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