Diario de León

Mas garantiza que el 9 de noviembre sacará las urnas para celebrar la consulta

El ministro de Exteriores avisa en Barcelona que «sólo los estados fuertes sobreviven» .

El presidente de la Generalitat durante la sesión del Parlamento catalán celebrada ayer.

El presidente de la Generalitat durante la sesión del Parlamento catalán celebrada ayer.

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cristian reino | barcelona
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La batalla dialéctica, jurídica y política que libran el Gobierno central y el catalán como consecuencia del proceso soberanista se encona cada vez más. Aunque ambos ejecutivos insisten en que están dispuestos a dialogar, la realidad les desmiente, la crisis institucional se acrecienta y la distancia entre ambas administraciones aumentan día a día.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, avanzó ayer un paso más en el desafío al Estado y aseguró que el 9 de noviembre, fecha prevista del referéndum, sacará las urnas a la calle. Hasta la fecha, el dirigente nacionalista se había comprometido únicamente a firmar el decreto de convocatoria de la consulta y a no cometer ninguna ilegalidad. «Efectivamente, la convocaré, y si lo hacemos de acuerdo con una ley catalana, y se trata de consultar, ¿cómo quiere usted que no pongamos las urnas?», le replicó a la líder del PP, Alicia Sánchez Camacho, que le recordó a Mas que entre el Gobierno y el Constitucional le impedirán todas las vías para celebrar esa consulta.

El presidente catalán nunca había ido tan lejos como para advertir con sacar las urnas sí o sí, aunque una vez más jugó con la ambigüedad de las palabras. Y es que, el responsable de la Generalitat en ningún momento afirmó que vaya a hacerlo si no tiene un amparo legal para celebrar la cita, pero tampoco lo negó. La ley estatal es casi seguro que no le servirá y por eso mira a la ley catalana de consultas, que está en proceso de aprobación en la cámara autonómica.

La escalada verbal de Mas fue también la respuesta al segundo informe que elabora el Ministerio de Asuntos Exteriores para intentar aplacar las ansias independentistas de una parte de la ciudadanía catalana y, sobre todo, del empresariado. Si el primero trató de demostrar la nulas posibilidades jurídicas de una Cataluña independiente, en este caso se centra en la «inviabilidad económica de una Cataluña independiente, fruto de una declaración unilateral que supondría una Cataluña no reconocida internacionalmente y excluida de la Unión Europea». El documento arroja una cifra demoledora: si la comunidad fuera independiente sería el 20% más pobre por culpa de la caída de las exportaciones, el aumento de la deuda, las deslocalizaciones de empresas, el descenso del turismo y la bajada de la inversión extranjera.

El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, insistió en una idea que también suele repetir Mariano Rajoy cuando viaja a Cataluña: «Sólo los estados fuertes, agrupados en organizaciones regionales sólidas, son capaces de sobrevivir con éxito». Margallo pidió además un «alto el fuego verbal» en el debate soberanista.

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