La Fiscalía duda de que la reforma de la justicia universal sea constitucional

Al Gobierno le ha surgido un nuevo frente en la polémica reforma exprés de la justicia universal, que reduce a la mínima expresión la aplicación de una jurisdicción con 28 años de vida en la Audiencia Nacional.

Esta vez no son los jueces centrales de instrucción quienes ofrecen resistencia sino nada menos que la propia Fiscalía del tribunal central, el órgano que vela por la defensa de legalidad y el interés público. En su primera mención a la ley 1/2014, que introduce las nuevas normas de la jurisdicción aprobadas en solitario en el Congreso por el Grupo Parlamentario Popular, la Fiscalía considera «que pueden suponer una vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia consagrados por el artículo 24 de la Constitución Española, y del principio de la independencia judicial, artículo 117 de la Carta Magna». Esto es, plantea que la nueva ley podría contener aspectos inconstitucionales.

Además, este pronunciamiento deja entrever la postura que a partir de ahora va a seguir la Fiscalía sobre aquellas causas con dudas legales sobre su archivo, como el caso Couso, el asesinato de los jesuitas españoles en El Salvador o la muerte del diplomático Carmelo Soria en Chile en 1976. El Ministerio Público es partidario de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva, como órgano competente, elevar una cuestión de inconstitucionalidad para que sea el tribunal de garantías quien se pronuncie sobre el fondo de la reforma legal.

Fuentes fiscales aseguraron que sería recomendable que sea el pleno de la sala, compuesto por 15 magistrados, quien debata elevar dicha petición dada la trascendencia del asunto. Una decisión que podría tomar el presidente de la sala, Fernando Grande-Marlaska, o solicitarlo parte de sus miembros. En cualquier caso, y salga lo que salga de ese órgano, el pronunciamiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional abre una brecha al legislador, en este caso al Gobierno, que ve como le surgen vías de agua desde diferentes frentes judiciales. No obstante, la postura final del Ministerio Público con respecto a la ley depende del fiscal general del Estado, dado que se trata de una institución jerarquizada. Hasta el momento, Eduardo Torres Dulce ha dado su consentimiento a la línea procesal de sus subordinados, aseguraron las fuentes consultadas