El Constitucional avisa a Cataluña de la ilegalidad del referéndum secesionista
La Generalitat responde que no se moverá de su hoja de ruta soberanista.
El conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, en una imagen de archivo.
El Tribunal Constitucional rechaza y anula la proclamación de Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano». El máximo garante de la Constitución admitió ayer parcialmente el recurso que había planteado hace un año el Gobierno contra la declaración del Parlamento autonómico en la que se afirma que el pueblo catalán tiene «por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». La corte entiende que ese reconocimiento vulnera la Constitución, que establece que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y proclama indisoluble unidad de la nación española.
Las sentencia, aprobada contra todo pronóstico por unanimidad de los doce magistrados que componen el pleno, evita tumbar la declaración politica en su conjunto. De hecho, admite las referencias al «derecho a decidir» de los catalanes. Ahora bien, matiza que ese derecho ha de entenderse como una aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante el respeto a la legalidad vigente. Y deja claro que eso nada tiene que ver con la celebración de una consulta secesionista contra la que ya anticipa su posición: «Una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España».
El enorme clima de tensión política generado en torno a este asunto ayudó sin duda a que el tribunal y en concreto su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, buscaran un voto unánime que reforzara la legitimidad del fallo.
El Constitucional entiende que en este caso sí se produce una vulneración de los preceptos constitucionales.
No por esperada, la respuesta que dieron los partidos catalanes que impulsan la consulta a la sentencia del Constitucional fue contundente. La primera reacción en caliente fue más de brocha gorda y tuvo solo en cuenta la primera parte del fallo, la que tumba la declaración de soberanía. La postura unánime de las formaciones favorables a la consulta fue que la decisión de los doce magistrados no hará desistir a los catalanes de votar el 9 de noviembre. «La sentencia no cambia nada», la hoja de ruta se mantiene porque es un «mandato que tenemos de la ciudadanía y este Gobierno tiene la obligación de garantizar que este proceso» siga su curso, afirmó el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.
El Gobierno central, mientras, aseguró que «acata y respeta» la decisión y se felicitó de que los magistrados hayan tenido en cuenta sus argumentos. El PSOE interpretó, por su parte, que el fallo avala su tesis de que es necesario buscar una solución mediante la reforma de la Constitución.