Revisar la derogación de la justicia universal

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se sumó ayer a las peticiones de algunos jueces para que el Tribunal Constitucional aclare si la reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno vulnera o no derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva o el principio de independencia.

El máximo representante del Ministerio Público no avanzó la posición que mantendrá la Fiscalía de la corte de garantías en caso de que la Audiencia Nacional, como todo parece indicar, eleve cuestiones de inconstitucionalidad en aquellas causas cuyo archivo es más dudoso. Sin embargo, aseguró que los miembros del Constitucional deberían examinar y pronunciarse sobre los cambios legales por tratarse de un asunto «trascendente» para los órganos judiciales afectados.

Torres-Dulce reveló que en su nombre y en el del Consejo Fiscal se quejó por carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por la tramitación exprés de la reforma de la justicia universal en el Congreso, que reduce a la mínima expresión su aplicación en la Audiencia Nacional.

Argumentó que le hubiera gustado que un cambio legal de ese calado se hubiese realizado por la vía del proyecto de ley con los informes consultivos del Consejo del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado. En cambio, señaló, se prefirió tramitar en la cámara la proposición de ley del grupo parlamentario del PP con el procedimiento de lectura única que impide introducir enmiendas al texto propuesto. Algo que respeta, pero no le gusta.

«Nos hubiera gustado que el Gobierno nos hubiera consultado», comentó ayer. También afirmó que el Ministerio Público de la Audiencia Nacional estudia de forma individual la decena de causas abiertas que se han visto afectadas por la reforma.