Las fianzas del caso de los ERE superan ya los 2.900 millones de euros
La tesis de la juez Mercedes Alaya de que el dinero público defraudado en el caso de los ERE salía a manos llenas y sin ningún control desde la Junta de Andalucía explica a la perfección el elevado montante de las fianzas civiles que ha impuesto a casi 80 de las 143 personas que tiene imputadas en la causa. Con las últimas acordadas para varios ex altos cargos de la Consejería de Empleo, las cauciones sobrepasan ya los 2.900 millones de euros, una cifra muy superior a los 140 millones defraudados, según ha concretado la investigación.
La instructora ha explicado en varios autos de imposición de fianzas que adopta esta medida para garantizar «la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta». Ella mantiene que, dado que el sistema empleado para dar esas ayudas era irregular o inadecuado, todas las subvenciones que salieron en la primera década del siglo del fondo de 1.217 millones de euros creado a tal fin, el 31-L en su denominación oficial, pero más conocido como ‘fondo de reptiles’, también lo son. Sin embargo, la investigación policial sólo ha acreditado 140 millones defraudados, repartidos entre los 73 millones concedidos como ayudas directas a empresas a las que no le correspondía recibir ese dinero, los 50 millones en sobrecomisiones recibidos por las compañías mediadoras, y los 17 millones cobrados por los 196 prejubilados que eran ajenos a las empresas, los llamados intrusos.
De esta manera, Alaya responsabiliza a cada cargo público del destino del dinero que, procedente de ese fondo, se concedió mediante el sistema de transferencia de financiación, a lo que suma el tercio adicional que permite la ley. Según los autos dictados el 2 de abril, en los que impone fianzas de entre 5 y 34 millones a los sucesivos secretarios técnicos de Empleo, la cuantía es proporcional a la responsabilidad del cargo y el tiempo en que lo han ejercido, y se incrementa si se trata del área de Empleo, al ser el encargado de gestionar los expedientes.