Marruecos contiene con mano dura la presión migratoria sobre Melilla
La policía realiza redadas y deportaciones masivas en los campamentos del Gurugú .
El último asalto a la valla, el pasado jueves, fue de una veintena de subsaharianos.
La vuelta de Marruecos a la mano dura en política de inmigración ha permitido minimizar y poner freno, al menos por el momento, a la enorme presión que en 2014 ha soportado la frontera de Melilla, que en los meses de febrero y marzo padeció intentos masivos casi diarios de entrada ilegal de subsaharianos en suelo español y el salto con éxito de la verja de centenares de extranjeros.
La razón de que en abril solo se registrase una escalada frustrada de la valla el día 3 y un salto en el que, el jueves pasado, lograron penetrar en la ciudad autónoma una veintena de subsaharianos es fundamentalmente policial. Los agentes marroquíes, medio año después, han reactivado las redadas en los campamentos de inmigrantes del monte Gurugú y las deportaciones hacia el centro del país de centenares de los extranjeros que preparaban los saltos, al tiempo que incrementaban las patrullas conjuntas con la Guardia Civil para prevenir y dificultar la llegada de columnas de subsaharianos a los alrededores del vallado.
El trabajo conjunto a ambos lados de la frontera parece dar sus frutos. Ambos países tienen estilos distintos para afrontar el fenómeno migratorio pero se complementan.
Marruecos, según organizaciones como Médicos Sin Fronteras, lleva años aplicando un uso desproporcionado de la fuerza en los asentamientos de subsaharianos. Sin embargo, desde septiembre de 2013, estas prácticas se frenaron cuando el Gobierno alauí decidió poner en marcha un proceso de regularización de extranjeros, tras una fuerte denuncia del Consejo Nacional de Derecho Humanos, un órgano consultivo nombrado por el rey Mohamed VI. La política de dureza ha retornado.