La reforma de la justicia universal causa gran malestar entre los jueces

«Las prisas son malas consejeras y generan más perjuicios que beneficios. La reforma de la justicia universal es una chapuza. Les advertimos de los daños colaterales. Les dijimos qué ocurriría con el narcotráfico internacional y los detenidos, pero no nos hicieron caso». Acodado en una mesa de madera noble, rodeado de una pila de folios y clasificadores, un alto cargo de la Audiencia Nacional que prefiere el anonimato mascullaba esta reflexión la mañana del 11 de abril. Acababa de conocer el segundo auto de excarcelación de narcos detenidos en alta mar en los últimos días. Ocho sirios y ocho egipcios apresados en el mar de Alborán y a 60 millas al sureste de Almería con 22 toneladas de hachís, que fueron mandadas a una incineradora.

Los jueces centrales de instrucción, Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez, les dejaron en libertad porque la reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno les quitaba la competencia para investigarlos. Así lo ratificó este lunes el pleno de la Sala de lo Penal, su órgano superior. «Es frustrante», señaló Gómez Bermúdez en su resolución. «Es la voluntad del legislador español», justificó Andreu en la suya del 8 del abril.

Pero no solo el fondo de la reforma orquestada por el Ministerio de Justicia ha causado malestar en la Audiencia Nacional, cuyos jueces se resisten a cerrar investigaciones como la muerte de José Couso, también han sorprendido las formas. No hay discusión de que los intereses políticos y económicos están detrás de este embrollo jurídico y los posteriores daños colaterales en la lucha contra el narcotráfico mundial.