Adif justifica en «las prisas por acabar las obras» los sobrecostes

«El Gobierno tenía prisa por acabar y cumplir los plazos». De esta curiosa manera justificó ayer un portavoz del Administrador del Infraestructuras Ferroviarias (Adif) los elevados sobrecostes, de hasta el 230% en algún tramo, que se registraron en las obras del AVE a Barcelona. Sus explicaciones, sin embargo, no han convencido a la oposición.

De hecho, la línea entró en servicio el 20 de febrero de 2008 sin inauguración oficial porque apenas dos semanas después había elecciones generales. Durante los trabajos de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y la Ciudad Condal se hicieron varias auditorías para detectar irregularidades, la mayoría bajo el mandato de Magdalena Álvarez como ministra de Fomento (2004-2008), aunque su resultado final no llegó a trascender.

Su sucesor en el cargo y hoy candidato del PSOE a las elecciones europeas, José Blanco, intentó este miércoles desmarcarse de la polémica al expresar su deseo de que «caiga quien tenga que caer» por los sobrecostes irregulares del AVE. «Si alguien en Adif falsificó certificaciones para incrementar el importe de las obras lo que tiene que recaer sobre él es todo el peso de la ley», argumentó.

El Tribunal de Cuentas abrió diligencias por los sobrecostes hace un año, y no descarta que al final se pudieran derivar responsabilidades penales. Pese a que dicho órgano denunció en un extenso informe que en esas obras «se habían saltado muchos procedimientos», desde Adif intentaron justificar lo ocurrido en que «hubo muchos problemas», con «socavones» e incluso la obligación de sustituir «en muchos tramos» una línea convencional.

«Se tiró de mucha obra complementaria y de emergencia», explicó su director de comunicación, Iñaki Garay en declaraciones a varias emisoras de radio. Eso sí, admitió que un sobrecoste del 230% es «extraordinario» y «no se da en ninguna obra salvo que haya una «emergencia». En cualquier caso, se remitió a la auditoría interna anunciada por la ministra Ana Pastor, que «revisará de arriba abajo las características» del proyecto, tanto en sus aspectos económicos como en los técnicos. Sin embargo, advirtió de que pese a que los controles de la Administración son «bastante férreos» y hay «muchos ojos mirando», siempre puede existir «un resquicio» y que «algún golfo pueda entrar».

El problema de los sobrecostes -la factura total de las obras del AVE a Barcelona terminaron ascendiendo 8.996 millones, un 31% más del precio de adjudicación, aunque se adjudicó con una baja del 9% respecto al presupuesto inicial (7.550 millones)- saltó a la luz a principios de semana con la Operación Yogui. En ella, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, fueron detenidas 10 personas por el presunto amaño del contrato de un tramo entre La Sagrera y el Nudo de la Trinidad en Barcelona a favor de la constructora Corsán (del grupo Isolux).

Los investigadores sospechan que durante los trabajos, que se extendieron entre 2008 y 2011, se podrían haber desviado más de seis millones de euros inflando facturas e incluso sobornando supuestamente a funcionarios.