Imputan a tres altos cargos por el accidente del metro de Valencia

La juez que archivó el caso les encausa al ordenar la Audiencia reabrir la investigación.

Acto en recuerdo de las 43 víctimas del accidente del metro en Valencia en julio de 2006.

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ander azpiroz | madrid
León

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La juez de Instrucción Nieves Molina ha llamado a declarar en calidad de imputados a tres altos cargos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en el proceso que se sigue por el accidente de metro que en julio de 2006 causó 43 muertes y 47 heridos en la ciudad del Turia.

Los encausados son el director de Explotación, Vicente Contreras; el director técnico, Francisco García; y el jefe de la dirección de Estudios y Proyectos, Francisco Orts. Los tres participaron en 1999 en el proyecto de colocación de las balizas de control de velocidad y frenado en la línea 1 del metro de Valencia, en la que se produjo el accidente.

Se da la circunstancia de que la magistrada es la misma que en 2007 archivó la causa. Entonces, tras catorce meses de investigación, Molina ordenó la «extinción de la responsabilidad penal» al considerar único responsable del descarrilamiento al conductor del convoy, fallecido en el accidente. No obstante, el pasado enero la Audiencia de Valencia ordenó a instancias de la Fiscalía reabrir la causa al considerar que existían nuevas pruebas.

La juez decidió las imputaciones, las primeras en el proceso, como respuesta al recurso presentado por el abogado de una de las víctimas. El letrado solicitó el pasado febrero la imputación de cinco empleados de FGV y de un enlace de la empresa Siemens, fabricante de las balizas que se instalaron en la línea 1. A su escrito se sumaron la Fiscalía y el resto de las partes personadas, con la excepción de la Generalitat Valenciana, que se opuso.

En el recurso, se considera que «existió un error de programación y planificación de las balizas, que fue determinante en el descarrilamiento y vuelco de la unidad de tren articulada». Este argumento se fundamenta en la declaración de una perito que señaló que una de las balizas, la 1680, podría haberse programado para frenar un tren en caso de que este superara los 60 kilómetros por hora, cosa que no se hizo. El convoy descarriló a más de 75,96 kilómetros por hora en una curva en la que el límite era de 40. La testigo también valoró que la seguridad del trazado requería de la colocación de otra baliza adicional.

La instructora ha estimado parcialmente el recurso al admitir tres de las seis imputaciones solicitadas. Lo hace, además, con matices. En el auto hecho público ayer valora que en lo que respecta a las balizas «las cuestiones que plantea el recurrente fueron en su día abordadas y resueltas, aún cuando se puedan plantear nuevas hipótesis sobre cómo se podría haber evitado el trágico suceso».

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La juez precisa que a raíz de que la Audiencia ordenara reabrir el caso se ve obligada a cumplir con la orden de reclamar a FGV que informe sobre las personas que en la fecha del accidente eran responsables de las balizas.