El Tribunal de Cuentas investiga «obras de emergencia» en el AVE
Pone su foco en cinco contratos que la ex ministra Álvarez no quiso suspender.
La ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en una imagen de archivo.
El Tribunal de Cuentas, dentro de su investigación por los sobrecostes de las obras del AVE a Barcelona, ha puesto su foco en cinco contratos por «obras de emergencia» en el tramo que transcurre por el término municipal de Hospitalet. Su realización engordó la factura final del proyecto en algo más de 75 millones de euros.
Lo esencial aquí, no obstante, es que fueron autorizadas por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, al ordenar el 3 de noviembre de 2006 «la continuidad provisional de las obras» pese al criterio en contra de los técnicos del propio departamento. Según fuentes del órgano contable, la documentación analizada sugiere que la titular del área quería evitar a toda costa nuevos retrasos en la línea, que finalmente entró en servicio el 20 de febrero de 2008.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente de Fomento, insistió en que se diera luz verde a varias modificaciones del proyecto y esgrimió en varias ocasiones la orden de Álvarez. Así lo hizo incluso cuando los cambios fueron muy posteriores a la autorización ministerial, con el argumento de «la necesaria y mayor rapidez de ejecución».
Cuatro actuaciones
Un incidente ocurrido en un túnel cercano a Barcelona tras continuar las obras, en contra del criterio técnico, provocó hasta cuatro de esas actuaciones «excepcionales» -nueve en toda la línea-, según el Tribunal de Cuentas, que desde hace un año tiene abiertas diligencias para depurar las responsabilidades que pudieran existir por un sobrecoste de 241 millones de euros -un 230% más de lo previsto inicialmente- en los trabajos del tramo Hospitalet-La Torrasa. Este órgano también reprocha a Álvarez que informara con retraso al Consejo de Ministros de las modificaciones autorizadas.
El problema de los sobrecostes -la factura total de las obras del AVE a Barcelona terminaron ascendiendo 8.996 millones, un 31% más del precio de adjudicación, aunque se adjudicó con una baja del 9% respecto al presupuesto inicial (7.550 millones)- saltó a la luz a principios de semana con la Operación Yogui. En ella, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, fueron detenidas 10 personas por el presunto amaño del contrato de un tramo entre La Sagrera y el Nudo de la Trinidad en Barcelona a favor de la constructora Corsán (del grupo Isolux).
Los investigadores sospechan que durante los trabajos, que se extendieron entre 2008 y 2011 -el tramo formaba parte de la extensión de la línea del AVE hasta la frontera francesa-, se podrían haber desviado más de seis millones de euros inflando facturas e incluso sobornando supuestamente a funcionarios. No obstante, la adjudicación se dio con una baja del 32% respecto al presupuesto inicial de 98,7 millones de euros.
Cinco de los detenidos quedaron el miércoles en libertad con cargos tras declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, quien impuso sendas fianzas y otras medidas cautelares a tres de ellos. En concreto, tendrán que abonar 30.000 euros los dos principales acusados, Jaime G.G., gerente de obras de Adif y responsable del contrato investigado, junto a Rafael R., director de alta velocidad de la zona noroeste, y el delegado de Corsán, Eduardo P. Los tres alegaron que los sobrecostes estuvieron justificados y no hubo malversación de fondos públicos.