El juez del Alvia a Santiago imputa a once cargos de Adif por el accidente
Les acusa de un delito contra la seguridad colectiva por no instalar el frenado automático.
El ex presidente de Adif, Antonio González Marín.
El juez Luis Aláez, encargado del caso del descarrilamiento del Alvia a Santiago en el que fallecieron 79 personas, emitió ayer un nuevo auto en el que llama a declarar en calidad de imputados a once responsables de Adif durante la etapa del socialista José Blanco al frente de Fomento. Se trata del ex director general de la empresa pública de la entidad, Antonio González Marín, los miembros del consejo de administración y el director de seguridad en la circulación de la línea entre Orense y Santiago.
El magistrado los considera «potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva». El juez afirma en su auto que «la instalación de seguridad implantada en la vía para eliminar el peligro que representa la curva de Angrois no es la exigible y adecuada con arreglo a las pautas técnicas consolidadas recogidas en la normativa del sector».
En opinión del instructor, debió protegerse el paso por la curva de A Grandeira con un sistema que supervisase de modo constante la velocidad del tren, y de no haberlo hecho se debió suplir la ausencia de esa instalación con otra similar para mantener el correcto nivel de seguridad. «Como se ha dicho, ni se instaló ERTMS -un sistema que hubiera frenado el tren de forma automática- hasta después de la curva de A Grandeira ni se suplió su falta por otra instalación de seguridad, adoptándose una solución que constituye una infracción de las normas de seguridad ferroviaria, generando un riesgo intolerable que a la postre se ha traducido en el descarrilamiento de un tren con desastrosas consecuencias», refleja Aláez.
En el auto se recoge la opinión de dos peritos que sostienen que la desconexión del sistema ERTMS «parece que ha supuesto degradar la seguridad». El magistrado que instruye la causa indica que esta desconexión sólo está justificada por dos incidencias, y ninguna relacionada con la seguridad, sino con el hecho de que el frenado del tren supondría retrasos en el servicio.
Satisfacción
La plataforma Víctimas Alvia 04155 ha expresado su satisfacción por el último auto del juez Luis Aláez.
Las víctimas, en un comunicado de prensa, han indicado que decisiones al «más alto nivel» en Adif y Renfe pudieron haber comprometido la seguridad de los viajeros, máxime cuando en 2010, con José Blanco como ministro de Fomento, se tomó la decisión de cambiar el proyecto original, en el que el sistema de control constante de velocidad -ERTMS- llegaba hasta la estación compostelana.
«Todo apunta a que las prisas por inaugurar el tramo de alta velocidad en período electoral tuvieron que ver en esta decisión. No se puede permitir que José Blanco vaya en las listas europeas. Miente y oculta información sobre la alta velocidad, como ya denunciamos», exponen.