La juez Alaya toma declaración mañana a un ex consejero de Empleo andaluz

. La instructora del caso de los ERE inicia además una ronda de declaraciones de veinte nuevos imputados.

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efe | sevilla

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La juez de los ERE, Mercedes Alaya, toma declaración mañana al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y a otros cuatro ex altos cargos, entre ellos el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Su comparecencia se producirá dentro de una ronda de declaraciones de veinte nuevos imputados como vocales del Consejo Rector de las agencias andaluzas IFA e Idea que aprobaron, entre los años 2001 y 2008, las ayudas investigadas en el caso de los ERE.

Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero están imputados en el caso desde sus primeras etapas y llegaron a permanecer varios meses en prisión, el primero tres meses y medio en el año 2012 y el segundo nueve meses y medio. Además, el lunes declararán Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo; Francisco Mencía, ex director general del IFA entre 2003 y 2004; y Miguel Ángel Serrano, que ocupó el mismo cargo entre 2004 y 2008.

Estas comparecencias abrirán una ronda que será seguida el miércoles por el presidente de Unicaja, Braulio Medel, el ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón y el viernes por Francisco del Río, ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, además de otros ex altos cargos del Gobierno andaluz y empresarios.

La juez Alaya considera que el IFA y su sucesora, la agencia Idea, falsearon sus presupuestos de forma que clasificaron como «otros gastos de explotación» las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas investigadas.

«Este hecho del falseamiento del presupuesto es tan trascendental que sin el mismo no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito sistema de concesión de subvenciones del programa 31 L de la Dirección General de Trabajo», afirma la instructora en el auto de imputación.

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Antes de iniciar las comparecencias, Alaya debe pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de suspender las declaraciones.