El Gobierno «obliga» a los jueces a acatar la reforma de la justicia universal

Hasta la fecha no había habido un pronunciamiento tan rotundo del Gobierno sobre la polémica reforma de la justicia universal, que ha abierto la puerta a la excarcelación de 43 supuestos narcos extranjeros detenidos en alta mar. Pese a las reiteradas críticas de los jueces, solo el Ministerio de Justicia había sostenido que la norma no se iba a modificar. Pero ha sido finalmente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ayer salió al paso para dejar claro que no habrá marcha atrás con la ley.

Con la Audiencia Nacional revuelta por la aplicación de la nueva justicia universal; los jueces instructores rebelados frente al archivo de sus causas; y la mayoría de la Sala de lo Penal partidaria de suspender juicios de ‘narco-barcos’ y decretar excarcelaciones en aquellos casos que no cumplan los requisitos de la norma, que sólo limita a España la aplicación de la jurisdicción, Saénz de Santamaría recordó que la ley está para cumplirla.

En su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno aseguró que los jueces discrepantes están «obligados» a aplicar las leyes que el Parlamento aprueba, después de que varios magistrados hayan calificado de «chapuza» la reciente reforma y hayan pedido que se rectifique. Sáenz de Santamaría recordó que en un sistema de división de poderes, igual que el Gobierno está obligado a ejecutar las leyes que aprueba el Legislativo, los jueces están «obligados a aplicarlas». Y si surgen dudas, la ley prevé unos mecanismos de actuación, afirmó.

La vicepresidenta recordó que no es la primera vez que se reforma la aplicación del principio de jurisdicción universal, que ha generado «problemas» desde su introducción en el ordenamiento jurídico en 1985. El anterior Gobierno socialista ya redujo alguno de los supuestos en los que los tribunales españoles tienen competencia para juzgar casos cometidos fuera de nuestras fronteras.