Una ayuda de 22 millones por prejubilaciones

La Fiscalía Anticorrupción reclamó ayer a la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, que incorpore a la causa nuevas diligencias referidas a la concesión irregular de una ayuda pública de 22 millones de euros a la empresa Altadis y que ha sido puesta en sospecha en los últimos informes policiales y de la Intervención general remitidos a la instructora.

El ministerio público pide que declare el ex secretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla y varios ex cargos de la Junta al entender que la empresa recibió realmente una ayuda discrecional encubierta bajo la forma de una regulación de plantilla.

En su escrito, enviado ayer a la juez, Anticorrupción vuelve a dejar patente su voluntad de separar la causa en función de las distintas ayudas, y reclama además a la juez que, para evitar «dilaciones innecesarias» y avanzar en la instrucción, vaya imputando ya a todas las personas señaladas en los últimos informes incorporados a la causa. También reclama «medidas cautelares de naturaleza real» que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos, y que a fin de llevar a buen puerto el final de la instrucción se refuerce el juzgado al ser consciente el ministerio público de los «limitados recursos humanos y materiales» con que cuenta Alaya y el «innegable y prolongado esfuerzo que se realiza».

Referente a las nuevas imputaciones, los fiscales resaltan que el informe pericial de la Intervención del Estado concluye que la ayuda a la tabaquera Altadis concedida en 2005 -aunque materializada años más tarde- «pudo constituir una subvención directa a la empresa y no a los trabajadores», ya que la Junta «habría asumido obligaciones propias de la empresa» durante la regulación de plantilla. La ayuda, prosiguen los fiscales, se habría entregado «total y absolutamente al margen de cualquier procedimiento establecido», por lo que podría ser nula de pleno derecho.

En este sentido, pide a la juez que tome declaración a varios responsables de la entidad en esa época, así como a varios cargos públicos, entre ellos los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Llamativo resulta además la petición de comparecencia del ex secretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla, dimitido el pasado noviembre a raíz del escándalo de las facturas falsas y otras irregularidades contables en la central.

Entienden los fiscales que Fernández, en esos años al frente de una de las secciones sindicales, y otros responsables sindicales tanto de UGT como de CC OO son responsables civiles subsidiarios al haber mediado en el expediente.