Imputa a Lapuerta por «consentir» que Bárcenas se quedara con dinero

El guardián de las cuentas del PP desde principios de los noventa, Álvaro Lapuerta, de 86 años, tendrá este viernes otra oportunidad de aclarar ante el juez si su mano derecha en la tesorería del partido, Luis Bárcenas, se apropió de dinero de la supuesta caja B proveniente de las donaciones de empresarios y que luego ocultó en bancos suizos.

Lapuerta, que en noviembre pasado ya ratificó ante el juez Pablo Ruz que desconocía la existencia de una contabilidad paralela en el PP, declarará como imputado en la pieza principal del caso Gürtel por un delito de apropiación indebida. Esta acusación se suma a los otros delitos aún sin definir que recaen sobre él en la causa de los denominados papeles de Bárcenas.

Aquejado de los achaques de salud que le han mantenido impedido, está por ver si la defensa de Lapuerta pide de nuevo la suspensión de su declaración del viernes, tal y como ocurriera hace unos meses. No obstante, en esta ocasión el juez Ruz le ha dado menos tiempo para responder.

Con esta diligencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción cinco sigue podando el árbol para desentrañar el origen y el destino de la fortuna de Bárcenas, que llegó a amasar 48,2 millones de euros, que se sepa, bajo el telón del secreto bancario suizo.

Por este motivo, Ruz considera que Lapuerta consintió presuntamente que su aprendiz se quedara con donativos de la caja oculta «prevaliéndose de sus cargos en la formación política y de la opacidad de la referida contabilidad paralela». De ahí que le impute un delito de apropiación indebida.

A este respecto, el juez detalla que Bárcenas se podría haber quedado con, al menos, 150.050 euros del PP que llevó a Suiza y con 149.600 euros procedentes de la compra de unas acciones del medio de comunicación Libertad Digital, que, supuestamente, acabó usando para pagar un piso.

Donativo a Cospedal

El segundo plato fuerte de las batería de diligencias ordenadas ayer por el juez fue la declaración, en calidad de imputado, del ex tesorero del PP en Castilla-La Mancha Lamberto García Pineda para el 24 de julio.

El testimonio del acusado se enmarca en una de las líneas de investigación de la causa de la caja B de los populares, en concreto en el supuesto cohecho y tráfico de influencias en la presunta entrega de 200.000 euros de la empresa Sacyr para la campaña de la presidente regional María Dolores de Cospedal, en las elecciones de 2007. A cambio, el Ayuntamiento de Toledo habría concedido a Sufi, filial de Sacyr, el contrato de basuras de la ciudad, según un recibí aportado por Bárcenas en el proceso.

Con la declaración del ex tesorero y ex concejal de Hacienda de Toledo, Ruz quiere aclarar por qué se modificó el contrato entre el consistorio manchego y Sufi cuatro días antes de ratificarlo, lo que incrementó de forma sustancial su presupuesto en 11 millones de euros.

El PP manchego consideró ayer apropiada la declaración del ex tesorero para «conocer al fin toda la verdad» y el alcalde de la ciudad, el socialista Emiliano García-Page, se mostró dispuesto a testificar para aportar nuevos datos, ya que el contrato fue firmado por su antrecesor, el popular Juan José Molina.