El poder judicial quiere limitar el aforamiento con un registro previo

La reducción del «excesivo» número de aforados que existen en España tiene una acogida mayoritaria tanto en el Tribunal Supremo como en el Consejo General del Poder Judicial. Ambos órganos han remitido sendos informes al Ministerio de Justicia en los que plantean esta disminución dentro de la reforma de la ley orgánica que regula el funcionamiento de los tribunales, en fase de anteproyecto. El presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, ya ha mencionado en dos ocasiones que aunque la decisión final depende del legislador se podría limitar la protección legal de jueces y fiscales, más de 7.500 de los 10.000 aforados, a cambio de instaurar un mecanismo de defensa que no les deje indefensos ante querellas «infundadas». Este es su principal temor, las demandas sin fundamento de acusaciones populares ociosas con cierta notoriedad pública. Lesmes no tiene reparos en que el Gobierno delimite el aforamiento de los togados.