El Gobierno prohíbe la identificación policial en base a la razón étnica

El Gobierno prohíbe por primera vez por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, regula los cacheos y fija que el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas no supere el plazo máximo de seis horas.

Así se recoge en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que ayer el Gobierno remitió a las Cortes y que explicó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

«Por primera vez una norma con rango de ley prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos», destacó Fernández Díaz, quien recordó que circulares policiales ya impedían estas prácticas.

El titular de Interior defendió que la identificación de las personas por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberá respetar «los principios de no discriminación y proporcionalidad».

Respecto a las manifestaciones, el ministro dejó claro que el nuevo texto no modifica «para nada» la legislación actual sobre el derecho de reunión y manifestación y rebaja de grave a leve las que se desarrollen sin haber sido comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. Pero si además de no ser comunicadas, se perturba gravemente el orden público, se considerará una infracción grave.

Después de siete meses desde que el Consejo de Ministros diera el visto bueno al anteproyecto y tras incluir las aportaciones de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o la Agencia de Protección de Datos, el Gobierno remite para su tramitación parlamentaria el nuevo proyecto.

Con estas observaciones, además de algunas aportaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y varias entidades sociales, el nuevo texto cuenta ahora, en palabras del ministro, «con mayor calidad jurídica», es «profundamente garantista» y tiene «perfecto encaje» en la Constitución.