La financiación alternativa que llevó UGT
. El descontrol en las ayudas de la Junta permitió, además de las irregularidades . de los ERE, el macro fraude del mayor sindicato andaluz durante años .
No hay irregularidad más fácil de cometer que aquella que cuenta con la vista gorda de la víctima. Y UGT Andalucía, a la vista del sumario de las presuntas facturas falsas desvelado esta semana, parece que se aplicó con ganas a hacer buena esa máxima ante laxitud de la Junta.
A partir del testimonio de trabajadores y empresas proveedoras, la Guardia Civil describe en centenares de folios el «artificio» montado por la central para desviar subvenciones destinadas a formación de trabajadores a actividades regulares de un sindicato ya muy tocado tras las acusaciones de participar en las irregularidades del caso ERE. El juzgado que lleva el caso investiga los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en los últimos siete años, aunque las sospechas -esbozadas en las conversaciones pinchadas a algunos trabajadores o en mails intervenidos- apuntan a que el tinglado montado por UGT-A para convertirse en su «principal vía de financiación» se remonta a 1998. Justo cuando llegó a la secretaria general Manuel Pastrana, dimitido a comienzos del pasado año y al que los testimonios señalan como la persona que orquestó todo, aunque aún no ha sido imputado. Los investigadores argumentan que el sindicato perfeccionó una estructura empresarial «creada ex profeso para justificar el presunto desvío de fondos públicos», y que sólo en el periodo 2008-2012 mantuvo con la central un flujo de 4,9 millones de euros.
Al igual que ocurre en el caso de los ERE, el mal uso de fondos públicos fue posible gracias a la práctica ausencia de controles durante la pasada década por parte de la Consejería andaluza de Empleo, cuyos responsables están ya imputados en el caso que instruye la juez Mercedes Alaya, que también fue quien empezó a investigar las presuntas facturas falsas del sindicato.
De hecho, en el sumario de UGT desvelado esta semana figura la declaración del que fuera jefe del Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional del Servicio de Formación para el Empleo en Sevilla, Teodoro Montes Pérez, quien puso sobre la pista a los agentes al relatar las «importantes irregularidades» cometidas por «todos los responsables de la Administración».