La jueza Alaya pide al Supremo que impute a Chaves y a Griñán por los ERE
Acusa a la cúpula de la Junta de promover un sistema ilegal de subvenciones.
Se lo había pedido la Fiscalía Anticorrupción en varias ocasiones, también la Audiencia de Sevilla, su órgano superior, le había marcado el camino. Incluso los aforados implicados habían denunciado el «afán justiciero» de la jueza Mercedes Alaya por mantener a buen recaudo el ‘caso de los ERE’ fraudulentos en su juzgado.
Pese a todo, la titular del órgano de instrucción número seis de Sevilla, el «azote judicial» de la Junta de Andalucía, se resistía a deshacerse de una investigación que comenzó en enero de 2011 y que ya alcanza los dos centenares de imputados. Lo hizo con ahínco y bordeando la ley, «preimputando» a dos ex presidentes autonómicos como Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aforados ante el Tribunal Supremo.
Pero antes de hacer la maleta e irse de vacaciones, justo cuando va a asumir la totalidad otro caso caliente para la Junta, el de las ayudas a los cursos de formación, la juez Alaya dio el paso definitivo y comunicó al Supremo que ve indicios para que impute e investigue a los dos ex presidentes y a cinco de sus ex consejeros.
El viernes pasado salió de su juzgado una exposición razonada sobre la parte del sumario del ‘caso de los ERE’ que afecta a los aforados ante el alto tribunal y el lunes llegó al Supremo. El voluminoso envió incluye 20 de los 80 tomos del proceso y audio y videos con declaraciones de testigos e imputados. Todo el material con los indicios que, según la juez, implican a Chaves, Griñán y a cinco de sus consejeros por promover un «sistema ilegal» de concesión de subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas en crisis desde 2000 a 2012, cuyo montante superó los 850 millones de euros.
Ahora la Sala de lo Penal del Supremo deberá reunirse (lo hará de forma previsible en septiembre, al ser agosto mes inhábil) y pedir un informe a la Fiscalía sobre los indicios de la exposición razonada y si ve motivos para abrir una causa, contra quiénes y sobre qué delitos
En caso afirmativo, será entonces cuando la sala decida si asume parte o todo el ‘caso de los ERE’ y nombre a un instructor.
A lo largo de los distintos autos, la juez Alaya ha dejado claro que la cúpula y los técnicos del Ejecutivo andaluz promovieron este sistema ilegal de subvenciones y no hicieron nada para evitarlo, resumió para justificar la unidad de la causa y la imposibilidad de trocearla. Esta tesis se corrobora con el medio centenar de cargos públicos imputados, a quienes les atribuye delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.