Alaya exonera al parlamento andaluz en la investigación de los ERE
Cree que el órgano recibía datos «oscuros y ambiguos» que dificultan la instrucción.
La jueza de los ERE ha exonerado al Parlamento andaluz porque recibía datos «oscuros y ambiguos» sobre los Presupuestos, decisión que cierra la investigación abierta por ella al pedir las enmiendas de los partidos al «fondo de reptiles» y un informe sobre su grado de conocimiento de las irregularidades.
En la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo, la jueza de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, afirma que el Parlamento andaluz recibía presuntamente «de manera intencionada» el Presupuesto con un «lenguaje oscuro, ambiguo y difuso, con expresiones equívocas, de forma que en ningún documento presupuestario se exponía con claridad» la forma de concesión de las subvenciones investigadas.
De esta manera, Alaya cierra la investigación abierta por ella misma al ordenar a la Intervención General del Estado un informe sobre lo que pudo conocer el Parlamento andaluz sobre las irregularidades que se estaban produciendo y de haber pedido las enmiendas que todos los grupos políticos presentaron a la partida 31L o «fondo de reptiles», a través de la cual se concedieron las ayudas investigadas durante siete años.
Dicha investigación dio lugar a una queja del presidente del Parlamento autonómico, Manuel Gracia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien en junio pasado aclaró que las iniciativas judiciales de Alaya no pretendían «en ningún caso derivar responsabilidad al Parlamento, a su Comisión de Economía o a alguno de los parlamentarios».
Ahora, la juez explica al Tribunal Supremo que el Parlamento, al abordar el examen del proyecto de Presupuestos entre 2002 y 2009, «carecía del conocimiento acerca del contenido de los programas, en este caso el 31L, del que sí disponía en cambio la Consejería de Hacienda».
El Parlamento, al aprobar el presupuesto de las agencias andaluzas IFA e IDEA, «no podía tener conocimiento del reducido grado de ejecución de la partida de otros gastos de explotación que se habría presupuestado falsamente».
Además, desconocía que, indiciariamente, «se había falseado el presupuesto de IFA/IDEA con pérdidas ficticias, que las transferencias de financiación se iban a utilizar, no para enjugar pérdidas que no existían, sino para conceder subvenciones sin crédito presupuestario adecuado».