Más de 4.000 desplazados forzosos en España pidieron protección en 2013
Varios inmigrantes en una patera que ayer detectó la Guardia Civil en aguas melillenses.
La llegada masiva de esta semana de inmigrantes ilegales a las costas de Cádiz, muchos de ellos malienses que huyen del conflicto civil en su país, ha devuelto a la actualidad las dificultades que encuentran los extranjeros para hacer valer en España el derecho universal al asilo
Amnistía Internacional lo recordó el pasado jueves. A los inmigrantes que alcanzan territorio nacional se les presta asistencia humanitaria, pero no se les ofrece información sobre sus derechos. Tampoco cuentan con traductores o asesoramiento legal que les puedan aclarar cuál es su situación legal.
Esto lleva a que de los más de 51 millones de desplazados forzosos que se contabilizaron en 2013 en el mundo, tan sólo 4.500 pidieran protección a España, el 0,008% del total.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critica desde hace años las trabas que España pone para acceder al estatus de refugiado.
Cita, por ejemplo, la imposibilidad que existe desde 2009 de pedir asilo en las embajadas. Solo se puede hacer al llegar a suelo español, lo que en muchos casos es imposible para personas que se encuentra a miles de kilómetros. La ONG también señala las dos sentencias del Tribunal Supremo.
En ellas conmina a las autoridades a hacer «una aplicación prudente y restrictiva» de la capacidad que les confiere la ley para inadmitir a trámite las solicitudes que se presentan.
Según los datos de CEAR, el 60% de las peticiones de protección presentadas en los puestos fronterizos y en los Centros de Internamiento de Extranjeros fueron rechazadas en primera instancia, sin realizar una investigación en profundidad para aclarar si las vidas de los solicitantes corrían peligro. CEAR acompaña sus denuncias con dramas personales.
El año pasado 32 ciudadanos de la República Democrática del Congo pidieron asilo en el aeropuerto de Barajas. Se denegó a todos pese a la guerra civil que vive este país.
Otros veinte cameruneses se declararon perseguidos por su orientación sexual. Alegaron la represión que sufren los homosexuales en ese estado africano, donde pueden recibir penas de hasta cinco años de cárcel.