Catalá se distancia de Gallardón tras anunciar que revisará las tasas judiciales
El nuevo ministro de Justicia confía en culminar las leyes «inacabadas» de su antecesor.
Catalá, Sáenz de Santamaría y Gallardón.
La Ley de Tasas Judiciales, una de las normas del Gobierno que más polvareda y enfado ha causado entre los actores jurídicos del país, abogados, jueces o fiscales, será revisada para incluir «mejoras» que satisfagan, al menos en parte, a sus principales damnificados: los usuarios de la administración de justicia. Este fue el primer gran anuncio del nuevo ministro del ramo, Rafael Catalá Polo, en un claro gesto para distanciarse del dimitido Alberto Ruiz-Gallardón. Catalá juró ayer el cargo y recibió la cartera de manos de su antecesor.
La referida ley que el ministro quiere «analizar y mejorar» entró en vigor en noviembre de 2012 e incluye un gravamen cuando se recurra en las órdenes civil, social y contencioso-administrativo de entre 50 y 750 euros. El proyecto nació con el claro propósito de recaudar el dinero suficiente para financiar el acceso a la justicia gratuita para aquellos ciudadanos con menores recursos económicos. Pero en los casi dos años de vida apenas se ha producido el referido trasvase de dinero, tal y como ha denunciado en reiteradas ocasiones el Consejo General de la Abogacía Española.
Solo en 2013 el Estado ingresó 316,5 millones con las tasas, una cifra acorde con las expectativas que se marcó el Ministerio de Justicia.
Menos litigiosidad
Y, como era de esperar, la tasa de litigiosidad —que mide los casos presentados por cada 1.000 habitantes— no ha dejado de caer desde la puesta en marcha de la ley. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones como la de lo contencioso —aquellos procedimientos dirigidos contra las resoluciones de la Administración— han disminuido un 15%. Aunque desde el ministerio se viene defendiendo que se trataba de los asuntos de escasa cuantía, como las multas de tráfico, no de los grandes pleitos.
No obstante, la satisfacción de Gallardón con la marcha de las tasas era evidente. El propio presidente Mariano Rajoy avaló su funcionamiento cuando comenzaron a arreciar las críticas desde los diferentes operadores jurídicos. «Son razonables y equilibradas, y en países de la Unión Europea como Alemania o Austria son inmensamente mayores», defendió Rajoy a finales de 2012 durante su intervención para hacer balance del año.
Una comparecencia en la que se le escapó, quizá, el verdadero significado del gravamen, que no era otro que el usuario pagase el 10% de lo que le cuesta la justicia al Gobierno, «cuando en Alemania llega al 43%», dijo entonces.
Respuesta en la calle
Pero mientras la caja del Estado ingresaba los millones, en el sector de la abogacía se comenzaban a gestar las mayores protestas que se recuerdan contra un ministro. Al frente se puso el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer. Claro está, los letrados han venido denunciando que los damnificados de las tasas eran los bufetes de todo el país, que perdían clientes e ingresos. Por ello el anuncio del nuevo ministro ha sido recibido con los brazos abiertos.
De forma paralela, el PSOE llevó al Tribunal Constitucional un recurso contra la ley por vulnerar el principio fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Otro frente abierto para el Gobierno que, incluso, le podría explotar en las manos más pronto que tarde. De ahí, quizá también, el interés del nuevo ministro en reconducir la marcha de la norma.