El Gobierno insta a Mas a que desista porque Rajoy no va a cambiar de idea
El Gobierno ya solo aguarda a que Artur Mas diga que la consulta no se va a celebrar. Cree que no hay ninguna duda de que su estrategia de «firmeza serena» en lo jurídico y en lo político ha surtido efecto y ahora es cuestión de días que el presidente catalán haga pública su renuncia a la votación. Soraya Sáenz de Santamaría animó a Artur Mas a que de ese paso porque la negativa de Mariano Rajoy ante un referéndum soberanista siempre «será la misma».
En La Moncloa no quieren tirar las campanas al vuelo a pesar de ver casi imposible que Mas vaya a mantener la consulta del 9 de noviembre en los términos que la tenía prevista. Una claudicación, aunque en el Gobierno huyen de esa terminología, que supone un éxito para su política de no moverse ni un milímetro. Pero también son conscientes de que en Cataluña hay un conflicto latente que no se ha solventado. Es indudable, admiten en los círculos gubernamentales, que un amplio sector de la población catalana, la mayoría según todas las encuestas y según la correlación de fuerzas en el Parlamento autonómico, respalda el derecho a decidir o derecho de autodeterminación, y que dentro de ese sector de la ciudadanía los independentistas son mayoritarios.
Pero la primera batalla, la del 9-N, parece haberse decantado del lado del Gobierno central. La vicepresidenta envió un mensaje inequívoco a Mas para que no aliente falsas esperanzas: «Nuestra posición no va a cambiar». El presidente catalán ha mantenido en las últimas horas la idea de que todavía era posible el acuerdo y que Rajoy podía dar marcha atrás, pero Sáenz de Santamaría repitió el mensaje de la semana pasada y la anterior, ley y diálogo.
La número dos del Gobierno, además, advirtió al presidente catalán de que La Moncloa no va a levantar el pie en la batalla entablada en el Constitucional. Mas, subrayó, tiene que ser «muy consciente» de que su estrategia política en todo el proceso soberanista «es contraria a la Constitución, las leyes y las resoluciones de los tribunales». El Gobierno, ante esa actuación, no puede permanecer impasible.