El PP retira el carné a Barazón y le pedirá que dimita si es imputado
Cunde el desánimo en Génova por el continuo goteo de casos de corrupción . política.
El cabreo salía por las ventanas de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid. Pocas veces o nunca se había visto tal grado de enfado entre los populares tras la redada de la Guardia Civil. La secretaria general del partido, sin embargo, prefirió no dar la cara y optó por trasladar la portavocía al eurodiputado y vicesecretario de Programas, Esteban González-Pons, quien se limitó a leer un comunicado, exteriorizó la «indignación» del PP, anunció la suspensión de militancia de todos los detenidos del partido y exigió la dimisión a los alcaldes y altos cargos públicos implicados en la trama de corrupción, tal y como describía ayer Ramón Gorriarán para la agencia Colpisa.
El mayor problema para el PP es que llueve sobre mojado. Si la semana pasada fue negra, esta amenaza con ser aún más oscura. Al ramillete de alcaldes y altos cargos autonómicos y provinciales detenidos ayer se sumará hoy la declaración de Ángel Acebes en la Audiencia Nacional imputado por el manejo de fondos de la caja B del partido. Nadie se atreve, por tanto, a decir cuándo acabará el goteo de casos de corrupción que sacude un día sí y otro también al partido gubernamental. «El PP está indignado», clamó González-Pons en su papel de improvisado portavoz, y añadió que su partido «rechaza cualquier tipo de corrupción». En el comunicado que leyó se anunció «la inmediata suspensión de militancia de las personas afiliadas implicadas en la operación anticorrupción». Pese a la «falta de informaciones precisas», el partido también «exigirá a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas el abandono inmediato de sus cargos» si el juez confirma hoy su imputación. Solo unas horas después, el Comité de Derechos y Garantías del PP, presidido por el secretario general del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió de urgencia ayer por la tarde y ratificó ambas decisiones, que afectan, entre otros, al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. Una premura que contrastó con la calma con que se tomó la adopción de medidas contra los implicados en el manejo de las tarjetas negras de Caja Madrid y Bankia. Si la dirección del partido se refugió en el mutismo, no ocurrió lo mismo con el Gobierno, cuya ministra de Fomento y persona del círculo más cercano de Rajoy afirmó que los corruptos «no pueden estar en política».