OPERACIÓN PÚNICA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Las escuchas ponen el foco sobre el contrato energético que se paró
Conversaciones e intercambio de documentación entre implicados y representantes de Cofely incluirían a Barazón .
Las escuchas realizadas por la UCO desde que se inició la investigación en enero al teléfono móvil del presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, han sido determinantes en su imputación en la operación Púnica y su detención, entre otros motivos, por su supuesta implicación en el fallido contrato de eficiencia energética al que aspiraba Cofely. Y no sólo las conversaciones grabadas al responsable de la institución provincial leonesa resultaron claves, sino también las captadas por otros miembros políticos y empresariales del complejo entramado.
Esta sociedad, al igual que hizo con ayuntamientos de Madrid ahora investigados, pretendía hacerse con el millonario contrato que la Diputación de León preparaba y que no llegó a licitarse. Al parecer, Barazón habría intercambiado documentación con esta empresa y en conversaciones bilaterales expresar una declaración de intenciones para que la relación contractual llegara a buen puerto.
Se trata de una de las líneas investigadas en la trama de León, que tiene también en el foco otros contratos realizados con Eico (asesoramiento de imagen, posicionamiento en Internet y reputación), la otra empresa que relaciona a muchos de los detenidos en la operación Púnica contra la corrupción.
La Diputación cuenta con un plan de eficiencia energética al que ya se han adherido 68 municipios, con el objetivo de mejorar su red de alumbrado público y ahorrar en su factura.
Previamente al diseño del plan, la institución provincial contrató en otoño de 2013 una auditoría a la empresa Molly&Vega Ingeniería SL por algo más de 71.000 euros para la realización del diagnóstico de la infraestructura energética de estos 68 municipios. El estudio detectó que sería precisos 13 millones de euros (a cargo de la adjudicataria) para hacer frente a la mejora de la red y adecuarla a los parámetros de eficiencia.
En verano de este año, la institución ya contaba con todo el plan diseñado y prácticamente con las bases de licitación en marcha para ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. El contrato estaba previsto para trece años con la posibilidad de extenderlo otros dos.
El portavoz socialista en la Diputación, Luis Rodríguez Aller, comentó ayer que su partido preguntó en un pleno celebrado en febrero de 2013 los motivos por los que fue rescindido un contrato con la empresa Salmoneo SL (empresa de consultoría, asesoramiento e intermediación en toda clase de negocios mercantiles, con sede en Madrid) para el ahorro y eficiencia energética del alumbrado público en los municipios.
El diputado del área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Francisco García, argumentó que era precisa una auditoría previa al plan para conocer la situación del alumbrado, «si no, no podemos hacer lo de la eficiencia energética como tenemos que hacerlo». También Isabel Carrasco intervino en la respuesta al PSOE. «Esto sigue adelante (el plan), yo creo que ya está bastante maduro».