Interior separa a Barazón, Granados y Marjaliza al darles trato de mafia

El juez y la Guardia Civil han dejado claro en sus atestados y en sus autos que la trama ‘Púnica’ era una «organización criminal» e Instituciones Penitenciarias no quiere correr el más mínimo riesgo de que los cabecillas del entramado corrupto, como grupo organizado que son, puedan seguir delinquiendo desde la cárcel aprovechando sus todavía activas «redes clientelares».

Como primera medida, el departamento que dirige Ángel Yuste ha equiparado, en la práctica, a la red Púnica con una mafia o un grupo de criminalidad organizada o una banda terrorista, lo que implica la inmediata dispersión de sus cabecillas en diferentes centros para evitar que puedan tener contacto directo entre ellos.

Ayer, el Ministerio del Interior trasladó al todavía presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, Marcos Martínez Baraz, a la cárcel de Navalcarnero después de pasar sus primeros dos días como recluso en la prisión de Soto del Real, tras decretar el jueves el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional su reclusión sin posibilidad de fianza.

También el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, pasó ayer desde la cárcel de Soto del Real a la de Estremera, en Madrid. El ‘conseguidor’ principal de la red y amigo de la infancia de Granados fue sacado de Soto para ser ingresado en el centro penitenciario de Aranjuez.

Según explicaron fuentes penitenciarias, con estos movimientos se cumple la legislación, ya que los arrestados seguirán todos en Madrid y cerca de sus domicilios, al tiempo que estarán disponibles en cuestión de horas si son reclamados por la Audiencia Nacional.

Tras estos movimientos penitenciarios estratégicos, en la cárcel de Soto del Real, la más grande de la Comunidad de Madrid, solo quedan miembros del segundo nivel del entramado corrupto como el popular José Carlos Boza, al alcalde de Valdemoro; el empresario Alejandro de Pedro, el otro gran ‘conseguidor’ de contratos públicos de la red; Ana María Ramírez, la testaferro y mujer de confianza de David Marjaliza;y Pedro García, uno de los cuatro directivos detenidos de la empresa Cofely, la mayor pagadora de sobornos de la red dirigida por Granados y Marjaliza.

En Soto, aunque con la posibilidad de salir en breve con fianzas de 300.000 y 60.000 euros, respectivamente, también siguen el empresario José Luis Huerta y el jefe de gabinete de la alcaldía de Parla, Antonio Borrego.

La obsesión de la Guardia Civil y del instructor Eloy Velasco por mantener en situación de casi aislamiento a Granados y Marjaliza es por la sospecha de que la investigación hasta el momento solo ha hecho aflorar «una parte» de todo el entramado y que los dos detenidos podrían seguir ocultando pruebas.

Según mandos de la investigación, los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) se han incautado de decenas de miles de documentos en los registros. Unos papeles, explican estas mismas fuentes, que hacen que la investigación se tenga que ampliar a muchas nuevas empresas, al margen de las 150 que ya estaban en el punto de mira de la Audiencia Nacional.

Más amaños de contratos

Eloy Velasco, además, ya ha ordenado investigar nuevas adjudicaciones supuestamente amañadas, que no aparecían en las primeras diligencias. Entre estos nuevos contratos figura el que el propio Granados, al frente de la Consejería de Justicia, Interior y Presidencia, firmó en 2010 por valor de 900.000 euros a favor de la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ), que se hizo con los servicios de traducción. El magistrado está particularmente interesado en ese contrato porque AEPTJ está presidida por Castor Iglesias, el perito que poco después de esa adjudicación hizo peritajes que desvinculaban a Francisco Granados de la red de espionaje en la Comunidad de Madrid.

El otro eje de la investigación del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO, tras las maratonianas jornadas desde que se desató la operación Púnica, es intentar bloquear cuanto antes la mayor cantidad de dinero.

Las pesquisas se centran en una empresa tapadera usada por Granados y Marjaliza llamada Sheraton Trading y que ha servido para mover verdaderas fortunas por medio mundo, no solo en Europa.

Según los atestados de la UCO, «se han recabado evidencias que confirman la existencia de nuevas cuentas en Suiza. En las cuentas constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas y transferencias internacionales a otros países en América».