Artur Mas intenta salvar el 9-N con una demanda ante el Constitucional

La Generalitat está dispuesta a plantar batalla jurídica hasta el último minuto para defender el nuevo 9-N. Un día antes de que el Tribunal Constitucional se reúna para tratar la impugnación del Gobierno central contra la consulta alternativa, el Ejecutivo catalán anunció ayer la presentación de una demanda ante esa misma corte en la que pide que no admita a trámite el recurso del Gobierno y en consecuencia no suspenda de manera automática el sucedáneo de votación.

La acción legal, que no excluye que pueda haber más en los próximos días, sobre todo si llega el veto, obligará al Constitucional al menos a tener en cuenta las explicaciones de la Generalitat, algo que no ocurrió en la primera suspensión, la de la consulta original. Uno de los argumentos de la administración catalana es que el recurso del Gobierno se fundamenta en que el nuevo 9-N es un «referéndum encubierto», extremo que desde la Generalitat niegan. Y por otro lado, los servicios jurídicos de Mas entienden que si el Gobierno central considera que la Generalitat no está acatando la suspensión inicial y que si está cometiendo un fraude de ley, presentando el proceso participativo como una continuación de la consulta suspendida, lo que debería haber hecho el Ejecutivo español es presentar un «incidente de ejecución» de sentencia ante el Constitucional.

Pero si no lo hizo, fue para forzar una nueva suspensión, según la Generalitat, sin permitir que la otra parte se defienda, algo que el Ejecutivo autonómico cree que es un abuso de poder y de derecho por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. «La impugnación implica la ruptura de las reglas de la buena fe que ha de presidir todo proceso jurisdiccional», explicó el consejero de la Presidencia, Francesc Homs. El portavoz justificó además su demanda en el «convencimiento» de que el proceso del 9-N «se puede hacer y se hará».

Las fuerzas que apoyan a Artur Mas en el proceso soberanista temen, en cualquier caso, que el presidente de la Generalitat vuelva a echarse atrás y decida acatar la suspensión de la consulta alternativa, como hizo en septiembre con la votación original. En plena cuenta atrás para el 9-N, Esquerra, Iniciativa y la Asamblea Nacional Catalana trasladaron ayer toda la presión sobre el jefe del Ejecutivo catalán, al que instaron a que asuma la «responsabilidad» organizativa del 9-N y que llegue hasta el final, diga lo que siga el Constitucional.

«Estamos convencidos de que, como no puede ser de otro modo, las instituciones catalanas y todo el mundo asumirán las responsabilidades que les toca y harán todo lo necesario para que el 9-N se pueda votar como estaba previsto porque sería inimaginable que fuese de otro modo», expresó el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Después de escuchar las declaraciones de la vicepresidenta Joana Ortega, que el domingo afirmó que «no se puede asegurar al cien por cien» que el próximo domingo habrá urnas y colegios abiertos, los republicanos temen un nuevo frenazo de Mas. El primero, el de la consulta original, también vino precedido de manifestaciones de Ortega en el sentido de que el Gobierno catalán respetaría la legalidad.

Esquerra no quiere una nueva renuncia de Mas y de aquí al domingo insistirá en la idea de que la Generalitat no tiene que acatar la resolución del Constitucional, sino que tiene que «obedecer el mandato del pueblo catalán y ser consecuente con la voluntad de la ciudadanía», según afirmó Junqueras.