Susana Díaz sacrifica a Griñán y Chaves para lavar la cara al PSOE

Acusaron a la juez Mercedes Alaya casi de prevaricar por ‘preimputar’, si es que tal cosa existe, a los ex presidentes de Gobierno de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves; tildaron de aberración jurídica que se les pretenda hacer responsables penales del fraude de los ERE; defendieron una y otra vez su inocencia… Todo eso ha quedado atrás. El cabreo ciudadano que ha catapultado a Podemos en las encuestas ha dinamitado la cautela de los socialistas y ha hecho saltar por los aires su argumento de que matar moscas a cañonazos hace un flaco favor a la democracia. La presidenta andaluza, Susana Díaz, lo advirtió ayer: cualquier parlamentario andaluz que sea imputado por el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tendrá que dejar el escaño.

El aviso llega en un momento clave. La Fiscalía se mostró el lunes partidaria de que el Tribunal Supremo investigue la intervención «directa o indirecta» de los ex presidenes y de tres ex consejeros andaluces aforados como diputados o senadores – José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno- en el escándalo. Y en las próximas semanas podría darse el caso de que algunos o todos ellos fueran imputados.

La decisión de Díaz cayó como un jarro de agua fría en el entorno de los ex presidentes. Fuentes de la Junta alegan que sus palabras no prejuzgan nada y defienden que aún cabe la posibilidad de que el alto tribunal no vea indicio de delito alguno. Pero, en la práctica, la amenaza los deja en una situación delicada porque parte de la estrategia judicial de ambos pasaba por la imputación.

Chaves y Griñán siempre han defendido que el hecho de que el Supremo asumiera la causa era su mayor garantía de un juicio justo, inviable, sostienen, con Alaya. Por eso mismo tenían intención de hacer lo que, en su día, hizo el ex ministro José Blanco: no esperar a que el tribunal reclamara el suplicatorio al Congreso y al Senado y solicitar declarar como imputados de manera voluntaria.

Si se les forzara a dejar el escaño corren además el riesgo de que el Supremo entienda que ya no es la competente para juzgar el caso. Lo devolvería así a la Audiencia Provincial de Sevilla. Es lo que le ocurrió al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, cuando abandonó el Senado.

Fuentes de la Junta reconocen que tanto Griñán como Chaves, a los que siguen considerando inocentes , tienen razones para sentirse dolidos pero argumentan que «en los tiempos que vivimos» no cabía hacer otra cosa. «O tomas medidas ejemplares sabiendo que puedes ser injusto o estás perdido». Díaz justificó su decisión sin reparo alguno. «Creo que la gente ya no está para palabras, que las palabras no se las cree nadie, que lo que quieren son hechos, y eso es lo que yo voy a hacer en Andalucía», manifestó.

El reciente pleno sobre el último consejo europeo en el que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez acabaron tirándose los casos de corrupción a la cabeza marcaron un punto de inflexión. La presidenta de la Junta quiere evitar comparaciones. «Andalucía no es Madrid ni Valencia y aquí no habrá imputados en los escaños», sentenció.

En Ferraz desconocían que Díaz fuera a dar ese paso, pero aplauden la medida. De hecho, insisten en que está en perfecta sintonía con lo que venía defendiendo el propio Pedro Sánchez. Lo paradójico es que el PSOE aprobó hace apenas unas semanas un código ético en el que fijaba como momento para asumir responsabilidades políticas la apertura de juicio oral y lo hizo así porque la imputación no implica comisión de delito; de hecho, la figura del imputado fue ideada como protección jurídica para el encausado. «Esto va más allá -admiten en la cúpula del partido- pero es que en estos temas más vale pecar por exceso que por defecto».

Es la máxima que ha seguido el nuevo secretario general del PSOE. «A contundencia no nos va a ganar nadie», es la máxima del nuevo equipo de Ferraz. No se anduvo por las ramas con los usuarios de las ‘tarjetas black’ de Cajamadrid, hasta el punto de que algunas voces internas clamaron por la falta de garantías procesales. Y tampoco lo hizo con los implicados en la operación Púnica, expulsados de inmediato. Ahora también hay voces que advierten: «Esta es una política cortoplacista y a la larga, traerá problemas».