Una doctrina a la medida de la duquesa de Palma

La ‘doctrina Botín’ que ahora sobrevuela sobre el caso de la Infanta Cristina se debe al proceso abierto en la Audiencia Nacional en los años noventa contra Emilio Botín, presidente del Grupo Santander fallecido en septiembre pasado, por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Se trató del ‘caso cesiones de crédito’, un producto financiero comercializado por la entidad entre 1987 y 1989 que captó unos 2.600 millones de euros de más de 3.500 clientes.

Una acusación popular formada por una asociación de inversores fue quien promovió las actuaciones contra los responsables del banco, y tras siete años de investigación la juez Teresa Palacios decidió abrir juicio oral en 2004 contra Botín y otros tres ex colaboradores como cooperadores del fraude de estos productos, cuyos titulares evitaban pagar retenciones a Hacienda ya que el banco no informaba al fisco de sus identidades.

La acusación del proceso sólo la ejercía en solitario la citada asociación de inversores. Y en el momento crucial del proceso la Sala de lo Penal, órgano superior jerárquico de la juez Palacios, reclamó el archivo.