El Gobierno y Cataluña miden sus fuerzas tras el sucedáneo de consulta

El 9-N ya está aquí. No será como soñó Artur Mas, pero tampoco como quería Mariano Rajoy. Hoy no habrá una consulta independentista con todas las de la ley, pero habrá urnas y votos. Todo apunta a que un pulso de meses acabará en un ni para ti ni para mi. El Gobierno catalán salvará los muebles con una votación descafeinada, apenas una «macroencuesta» según sus argumentos, y el Ejecutivo central no habrá permitido un referéndum ilegal.

Rajoy dejará hacer porque la votación, a su juicio, no sirve para nada. El presidente del Gobierno, que hablaba para los suyos en una convención del PP en Cáceres, restó ayer todo valor a la jornada porque «no produce efecto alguno», ni jurídico ni político, al no ser un referéndum ni una consulta «ni nada que se le parezca». Se mostró en definitiva satisfecho porque prometió que no habría un referéndum «ilegal, y no lo habrá». Habrá otra cosa que «no voy a calificarla». El presidente del Gobierno garantizó además que mientras esté al frente del Ejecutivo «nadie romperá la unidad de España». Lanzado este mensaje, pensó en el día después y pidió «cordura» al presidente catalán. Aceptó además la propuesta de Mas para volver a hablar a partir del lunes, pero siempre, advirtió de nuevo, «dentro de la Constitución y la ley».

Y para que no quedara duda de su sometimiento a la legalidad, la Fiscalía va a investigar si la utilización de locales públicos en la votación vulnera la suspensión ordenada por el Constitucional. Establecimientos del Gobierno catalán o de los ayuntamientos se van a abrir para que los voluntarios constituyan las mesas de votación. La Fiscalía tendrá que resolver si denuncia la utilización de esos espacios públicos o si pasa por alto esa circunstancia porque la gestión de las mesas corre por cuenta de grupos de ciudadanos sin cumplir órdenes del Gobierno catalán.

En Barcelona, el presidente de la Generalitat no recibió con agrado la noticia de la investigación y anticipó que «cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia y a los derechos de expresión y participación». La Generalitat, no obstante, no cree que la situación vaya a desembocar en cierre de colegios y retirada de urnas.

En consecuencia, los catalanes que quieran votarán y, aunque sea de forma un tanto chapucera, el soberanismo habrá medido sus fuerzas y sabrá cuánta gente tiene detrás. Nadie se anima a hacer pronósticos de participación.