Desmantelan una red de funcionarios que amañaba contratos públicos

La cascada de escándalos de corrupción que se suceden regularmente dieron ayer un paso cualitativo con la operación policial ordenada por la juez Mercedes Alaya, la misma que instruye el caso de los ERE. Por primera vez sale a la luz una trama casi íntegramente formada por funcionarios corruptos que amañaban contratos a cambio de las clásicas mordidas, un fenómeno hasta ahora poco frecuente en España. Los agentes detuvieron a una treintena de personas en 13 provincias de siete comunidades diferentes donde operaban dos empresas, Fitonovo y Fiverde, que según la Guardia Civil orquestaron una «trama criminal» para ‘arreglar’ contratos públicos de mantenimiento de parques y jardines en administraciones de todo tipo.

El grueso de los arrestos tuvo lugar en Andalucía, aunque la red extendió sus tentáculos a Canarias, Extremadura, Madrid o incluso Catalunya. Más allá del volumen de detenidos, lo que llama la atención es que casi todos tienen el mismo rasgo en común: funcionarios y personal técnico vinculado a los servicios de carreteras de la Administraciones Públicas y con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), y que por tanto estarían alejados de la primera fila. Entre los arrestados figuran jefes de servicio de la Diputación de Sevilla y de Jaén, del Ministerio de Fomento, de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía, un jefe de sección de la Consejería extremeña de Fomento y los representantes de las empresas implicadas en Canarias y Madrid.

Solo aparecen dos cargos políticos, el concejal Cristóbal Pérez, segundo teniente de alcalde en el ayuntamiento jiennense de La Carolina (PP), y Sergio Machín, exconsejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y ahora portavoz de Coalición Canaria en esta institución. El caso surge de las investigaciones iniciadas por Alaya a raíz de las irregularidades en una operación de venta de terrenos de la lonja hispalense, Mercasevilla. Las pesquisas condujeron a un asesor del PSOE en el ayuntamiento, Enrique Castaño, al que se le descubrió un incremento injustificado de su patrimonio de más de 400.000 euros y vehículos en el tiempo que estuvo en cargos públicos. Detenido en julio del año pasado, su gestión al frente del área de Vía Pública condujo hasta las empresas Fitonovo y Fiverde, el epicentro de esta nueva operación denominada Enredadera que está bajo secreto de sumario. La Guardia Civil les atribuye la creación de una estructura de contactos con funcionarios y empleados públicos corruptos que supuestamente facilitaban la adjudicación de servicios de jardinería a cambio de comisiones, «creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos.