Gobierno y Generalitat convierten en políticas las disputas entre fiscales

Será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien dentro de unos meses concluya, a la vista de las pruebas, si Artur Mas y otros miembros de su gabinete cometieron o no uno o más delitos el 9-N al facilitar y permitir la seudoconsulta de autodeterminación que cinco días antes había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, y por el momento, tanto el Gobierno central, como la Generalitat como los principales partidos lo único que han dejado claro es que la querella que en las próximas horas presentará la Fiscalía General del Estado contra el presidente catalán y varios de sus consejeros no es más que una actuación política. Fue únicamente en esa clave, en la política, con la que todos ellos se esforzaron en explicar las públicas discrepancias sobre la oportunidad y pertinencia de la denuncia o de la existencia o no de delitos el 9-N que han enfrentado durante una semana a los responsables del Ministerio Público en Cataluña con la cúpula nacional de la institución, con Eduardo Torres-Dulce, el fiscal general del Estado, a la cabeza.

Gobierno y PP tienen claro que el fiscal general tuvo que dar el lunes un golpe en la mesa e invocar el inusual respaldo de la Junta de Fiscales de Sala. En palabras del número tres del PP, Carlos Floriano, porque los fiscales catalanes están «contaminados por el ambiente nacionalista radical» y por «la Generalitat y los poderes oligárquicos fácticos en Cataluña».

Para la Generalitat también todo en este asunto es político, aunque lo vea desde el lado opuesto. El portavoz de la institución, Francecs Homs, defendió que los fiscales catalanes pusieron en evidencia al Gobierno.