corrupción
Chaves y Griñán empiezan su defensa ante el Supremo por el caso de los ERE
El primero defiende la legalidad de las ayudas y reconoce que «varios cargos» de Empleo pudieron enriquecerse.
Los cinco aforados nacionales señalados en el ‘caso de los ERE’ fraudulentos de Andalucía ya se han personado ante el Tribunal Supremo para pedir su declaración voluntaria antes siquiera de que las diligencias determinen que deben hacerlo. Todos ellos insisten hasta el momento en negar la tesis de la juez instructora Mercedes Alaya acerca de que se confabularon para implantar un sistema de ayudas con el que repartir ayudas sin control.
Desde el primer momento, los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los tres ex consejeros autonómicos José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno han expresado su voluntad de declarar lo antes posible, aunque todavía falta para este momento dado que el juez instructor designado por el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, apenas ha abierto la causa. Lo que sí podrán, tras conocer la exposición razonada de la juez Alaya y los indicios acumulados contra ellos, es proponer pruebas o solicitar nuevas diligencias.
Chaves ha sido el último en personarse en la causa, aportando además un escrito en el que perfila el contenido de su declaración y que contradice el principal argumento esgrimido contra ellos por Alaya, a la que afea por basarse en aseveraciones «erróneas y parciales» que «generan una imagen distorsionada». El texto presentado por su defensa insiste en la legalidad del sistema de concesión de ayudas sociolaborales mediante las transferencias de financiación, como se puede comprobar en otras administraciones regionales que también las emplean, y asegura que hubo fiscalización.
El ex presidente considera una «posición ideológica, que no penal» la aseveración de Alaya de considerar la denominada paz social como una «excusa para prevaricar». Como ya hiciera en la comisión de investigación ante el Parlamento, el ex presidente ciñe cualquier responsabilidad del auténtico fraude a la consejería de Empleo, reconociendo que «uno o varios cargos públicos, desviaron recursos económicos o para su propio beneficio o para tejer sus propias redes de lucro o influencia».