El PSOE intenta que Blanco devuelva el gasto en abogados del caso Campeón

El afán por lanzar mensajes que evidencien contundencia contra la corrupción y el temor a recibir la más mínima acusación de connivencia o protección hacia quienes hayan incumplido la ley ha colocado al PSOE en una situación más compleja de lo que, probablemente, calculó el propio Pedro Sánchez cuando, entre otras cosas, decidió que no pagaría los abogados de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El partido sí corrió en su día con el coste de la defensa de José Blanco en el caso Campeón y, ante la posibilidad de que la sensación de agravio comparativo le estalle en las manos, Ferraz ha reaccionado con un movimiento inesperado: dice que pedirá al ex vicesecretario general y ex ministro de Fomento que devuelva al menos parte del dinero.

En realidad, no hay nada decidido. El secretario de Organización, César Luena, sostiene que es preciso estudiar si aquel desembolso, que no se concreta pero según algunas fuentes podría rondar los 100.000 euros, fue realizado en condiciones de préstamo o si fue una «ayuda». «Si es ayuda, ayuda se queda, si no tendrá que devolverlo», apunta. Aún así, la dirección socialista asegura que no hay intención de poner a Blanco en una situación incómoda y tratará de llegar a un entendimiento asumible para todos.

El caso es que en el entorno de Blanco aseguran que él nunca firmó nada parecido a un crédito para poder defenderse en una causa que terminó archivando el Tribunal Supremo. Simplemente, en mayo de 2011, el PSOE optó por pagar la minuta de su abogado, el penalista Gonzalo Martínez-Fresneda, el mismo que representó al juez Baltasar Garzón en la causa por la investigación de los crímenes del franquismo. Fue una decisión directa de José Luis Rodríguez Zapatero, que no pasó por la ejecutiva. Pero fuentes socialistas defienden que eso entraba dentro de lo normal.

Indemnización al partido

Fuentes socialistas recuerdan, por ejemplo, que el partido costeó, entre otros, los abogados de la ex ministra de Exteriores Trinidad Jiménez cuando se querelló contra las revistas ‘QMD’ y ‘Maxim’ por un fotomontaje que, según consideró el Supremo, vulneraba su derecho al honor y por el que se fijó una indemnización de 48.000 euros. Dos matices, los abogados eran del propio PSOE y la indemnización se la entregó al partido. Del mismo modo, ahora son muchos los que consideran que no sería descabellado dar soporte económico a Chaves y Griñán, sobre todo porque el PSOE defiende su inocencia y da por hecho que el Supremo ni siquiera les mantendrá en la instrucción de los ERE como imputados una vez les tome declaración. Pero ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz quieren asumir el coste político de esa decisión.