La Fiscalía acusa a Mas de anteponer su interés político a la ley al ‘dirigir’ el 9-N
El Ministerio Público cree que Mas, Ortega y Rigau son autores de cuatro delitos.
Artur Mas dejó constancia al depositar su voto el 9-N que él era el responsable de todo.
La judicialización de la consulta del 9 de noviembre en Cataluña dio ayer un paso de gigante y de espinosas consecuencias para sus afectados después de que la Fiscalía presentara una querella criminal en el tribunal superior de justicia catalán, competente para investigar a los aforados autonómicos, por la celebración de dicho «proceso participativo» pese al veto decretado por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre.
El escrito de denuncia fue presentado por el jefe de la Fiscalía Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, en cumplimiento de la orden dada por su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Éste tuvo que imponer su criterio, con el apoyo casi unánime de la cúpula del Ministerio Público, después de que el departamento catalán rechazara la semana pasada por mayoría formular querella contra Mas al justificar que fue un acontecimiento político que no desobedeció al Constitucional.
El texto registrado ante la sala de lo civil y penal del tribunal superior de Cataluña, presidida por el magistrado Miguel Ángel Gimeno, acusa al presidente de la Generalitat, Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, de la comisión de cuatro delitos por «planificar, auspiciar y financiar» la consulta y «sobreponer la propia visión partidista» al cumplimiento de las resoluciones de la corte de garantías. Es decir, de saltarse la ley de forma consciente por mero interés político.
La Fiscalía alega que la conducta de los tres querellados sería constitutiva de los delitos de malversación (destinar dinero público a la realización del 9-N), prevaricación administrativa (dictar resoluciones injustas a sabiendas para movilizar a los funcionarios en aquella jornada), desobediencia grave (incumplir de forma consciente el veto decretado por el Constitucional) y usurpación de atribuciones judiciales (asumir competencias jurisdiccionales que no les corresponden según la división de poderes).
La ristra de tipos delictivos en sus diferentes variantes conllevarían, según recoge la querella, una horquilla máxima de penas de un año de prisión, 18 más de inhabilitación y multas. En el apartado referido a la malversación de caudales se especifica, además, que si los acusados no satisfacen la totalidad del dinero defraudado diez días después de ser procesados (la fase posterior a la imputación) se les podría elevar la pena hasta los seis años de prisión.
Para conocer la cuantía supuestamente distraída, la Fiscalía reclama en su escrito dirigido a la sala que se practiquen cuantas diligencias sean posibles para conocer los fondos destinados a la campaña publicitaria del 9-N, los gastos informáticos, buzoneo, urnas y papeletas, y el coste de movilizar a los Mossos d’Esquadra que cubrieron la celebración de la consulta. La estimación publicada menciona una cifra superior a los nueve millones de euros sólo en publicidad.
Señala el escrito que las diversas actuaciones del gobierno de Mas fueron encaminadas a la celebración del 9-N. Citan como ejemplo la existencia de la citada página de Internet que canalizaba la participación y que estuvo mantenida activa «en todo momento», la elaboración de las papeletas por parte de los presos del centro de Ponent (Lérida), la «exigencia» por correo electrónico a las radios y teles privadas en Cataluña para que difundieran gratuitamente los anuncios de la campaña informativa, o el control de acceso a los centros educativos dependientes de la Generalitat.
Asimismo, deja constancia de que Mas, en el momento de depositar su voto, hizo constar de forma «reveladora» que él era responsable de la jornada: «Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno», dijo a los medios. Mientras que su vicepresidenta «compareció en varias ocasiones de manera oficial para dar cuenta de los datos de participación y resultados del proceso suspendido». En el caso de la consejera Rigau, añade la Fiscalía, su departamento desobedeció y prevaricó al abrir los colegios a las urnas.