La oposición defiende la nula legitimidad de Rajoy para luchar contra la corrupción

Mariano Rajoy fracasó ayer en su intento de lograr un pacto nacional para sacar adelante el amplio paquete de reformas legales que el Gobierno ha traído al Congreso para prevenir la corrupción y castigar con más rapidez y contundencia a los responsables de esta lacra, que en esencia es el mismo plan de choque que anunció y prometó hace más de un año y medio.

El presidente del Gobierno, en lo más parecido en esta legislatura a un pleno monográfico sobre la corrupción, pretendió abrir una nueva etapa política haciendo tabla rasa de todos los escándalos que se ventilan en los juzgados, buena parte de los cuales afectan a su partido, y llamó a concentrarse solo en debatir, pactar y aprobar rápido una batería de más de 70 medidas con las que dificultar la aparición de nuevos casos en el futuro.

En contra de sus pretensiones, la oposición, con el PSOE, IU, UPyD y los nacionalistas de izquierda como puntas de lanza, rechazó acuerdos con él o su Gobierno porque considera que carecen de legitimidad y credibilidad para liderar un pacto anticorrupción alguno mientras no demuestre con hechos su compromiso, mientras no explique la presunta trama de financiación irregular que afecta desde hace décadas al PP y asuma las responsabilidades políticas que le corresponderían por los casos de Francisco Correa y Bárcenas como líder del partido.

El presidente, que quiso plantear un debate en abstracto, sin casos ni nombres, se encontró de inmediato rodeado por la instrucción judicial de la trama de Francisco Correa, que solo doce horas antes obligó a dimitir a su ministra de Sanidad y que considera que también el PP pudo lucrarse con la actuación de esta trama corrupta, y por otros ilustres imputados o condenados de su partido como Luis Bárcenas, Carlos Fabra o Jaume Matas.

Rajoy, que ya casi solo mira a CiU y PNV como potenciales aliados futuros para el pacto del bloque de reformas, dejó sin embargo la mano tendida al resto de grupos. No sin antes avisarles de que cualquier posible acuerdo debe ser rápido y de que está decidido a sacar adelante el paquete de leyes con o sin apoyos. La parte central, la que incluye el aumento de los controles sobre la financiación de los partidos y los patrimonios y compatibilidades de los altos cargos, la quiere enviar al Senado a principios de año. El endurecimiento de penas y las medidas de agilización de los procesos judicales quiere que estén también en el BOE al comienzo de la primavera, mucho antes de las elecciones autonómicas y locales de mayo.

El líder del PP dijo compartir la «indignación» por los escándalos, e insistió en su conocida tesis de que no existe una corrupción generalizada en la política y aseguró que los casos salen porque «las instituciones actúan y funcionan». Llamó a no magnificar el asunto porque «España no está corrompida» y la mayoría de los políticos son honrados, y avisó de que ese «infundio» solo deja sitio en la política «a los salvapatrias de la escoba», en obvia referencia a Podemos. Ahora solo importa, resumió, aprobar la respuesta «amplia, firme, eficaz y duradera» que él propone.

Solo se salió del guión en la intervención final para responder a los ataques de Pedro Sánchez, el líder del PSOE, y a sus amagos de pedirle, sin llegar a hacerlo, su dimisión por el caso de Francisco Correa. «Su voluntad de acabar con la corrupción tiene un límite claro -dijo-, está en Despeñaperros» porque es ciego con todo lo que ocurre al sur de ese puerto de montaña bien porque no quiere o porque no le deja Susana Díaz, y le retó a que expulse a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán por el escándalo de los ERE.

Sanchez rechazó un acuerdo global con Rajoy porque considera que su propuesta es «insuficiente», que el líder de un partido «con un problema estructural de corrupción» no está «capacitado ni legitimado» para encabezar un proceso de regeneración democrática y porque, además, «no les creemos, no son de fiar». «Debe asumir responsabilidades, no basta con pedir perdón. Si no escucha la indignación de la gente no creerán que quiera hacer nada», añadió. Después de hacerle la misma pregunta que IU y UPyD -«¿Quién va a dimitir en el PP por el caso de Francisco Correa?»-, negó que sea cierto que la corrupción afecte a todos los partidos por igual. «Yo no me siento en un despacho cuya reforma no se ha pagado con dinero negro, usted sí», le espetó.

El líder de IU, Cayo Lara, fue el único que le pidió la dimisión inmediata. Le acusó de traer medidas «cosméticas» con las que se ríe de los españoles. «¿Es que el PP de Bárcenas nos va a decir cómo arreglar la financiación de partidos?», preguntó con sorna. Rosa Díez, de UPyD, también se acercó mucho a la demanda de renuncia al presidente cuando le preguntó por qué no sigue el mismo camino que Ana Mato si tiene iguales motivos, «partícipe a título lucrativo».